Por Bruno Cortés
La Cámara de Diputados arrancó una jornada que ayuda a tomarle el pulso al rumbo social y político del país. Desde el inicio, la Mesa Directiva anticipó que el centro del debate sería la comparecencia de la Secretaría del Bienestar, la dependencia que en 2026 manejará 674 mil millones de pesos, el mayor presupuesto de todo el gobierno federal. En términos simples, ahí se concentra la bolsa que sostiene los programas sociales que llegan a millones de familias y que definen la narrativa del actual proyecto político.
El volumen del dinero explica el interés. Casi uno de cada diez pesos del gasto federal pasa por Bienestar. Revisar cómo se ejerce este presupuesto va más allá del trámite legislativo: es una obligación de transparencia y un ejercicio para medir si ese gasto realmente se traduce en menos pobreza, mejor calidad de vida y apoyos suficientes para un país donde cerca de 50 millones de personas siguen enfrentando algún nivel de carencia. Como recordó la presidenta de la Cámara, las exigencias ciudadanas crecen más rápido que el presupuesto: seguridad, agua, transporte, medicinas y servicios básicos que aún no alcanzan para todos.
A la discusión técnica se le suma el ingrediente electoral. La secretaria Ariadna Montiel llega al pleno con rumores que la colocan como posible candidata en Chihuahua, un flanco que la oposición aprovecha para cuestionar si el Bienestar está siendo usado como plataforma política. Desde la conducción de la sesión se pidió apegarse al análisis de resultados y a la rendición de cuentas, señalando que el país necesita saber con precisión cómo y a quién llegan estos recursos.
El día también tendrá un matiz diplomático poco común: 75 embajadoras y embajadores visitan San Lázaro, la cifra más alta en varios años. La intención es abrir comunicación directa entre el Congreso y el cuerpo diplomático acreditado en México, mostrar que el Legislativo no solo legisla, sino que también forma parte de los vínculos internacionales del país.
Fuera del guion oficial, la conversación regresó a los jóvenes que preparan la marcha del 20 de noviembre. Ante cuestionamientos, la presidenta fijó postura: protestar es un derecho, no un delito. Subrayó que ignorar o descalificar a la Generación Z es desconocer a 33 millones de jóvenes que hoy piden lo básico para construir un futuro: seguridad, escuelas que funcionen y empleos que permitan vivir sin precariedad. Para ella, estas demandas no pertenecen a ningún partido ni a ninguna coyuntura; son reclamos legítimos que deben ser atendidos.
Sobre el contrato difundido en redes que relaciona a un promotor juvenil con el PAN, la presidenta evitó subir el tono. Reiteró que la prioridad debe ser atender las causas del descontento y no convertir las protestas en guerras de señalamientos. El mensaje fue claro: la autoridad tiene la obligación de ofrecer soluciones, no buscar culpables.
Otro tema que calienta el ambiente legislativo es la discusión de la Ley General de Aguas. Las audiencias públicas se llenaron de voces diversas —campesinos, especialistas, empresarios— que expresan preocupación por posibles afectaciones a concesiones y al manejo del recurso. La presidenta celebró que el debate sea público y técnico, y pidió evitar que se convierta en una contienda ideológica. Recordó que el acceso al agua es un derecho humano y que cualquier reforma debe construirse escuchando a todos los sectores.
Entre debates presupuestales, diplomacia inusual y tensiones sociales en aumento, el Congreso vive un día que refleja el momento que atraviesa México: uno donde la ciudadanía exige más y la rendición de cuentas dejó de ser opcional.
