Al INE, Fiscalía y lupa; no tijera ni linchamiento

Por Bruno Cortés

Hace una semana escribí que al INE había que limpiarlo a fondo, pero no castigarlo. Siete días después, las dos cosas avanzaron al mismo tiempo y a la misma velocidad, y eso es justamente lo que me preocupa. La noche del viernes 6 de noviembre el Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue posibles delitos en sus contrataciones. Ese mismo día, su Órgano Interno de Control informó a la Cámara de Diputados que ya había interpuesto seis denuncias penales. Y también ese viernes, en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, Morena, el PT y el Verde le quitaron al instituto otros mil millones de pesos para 2027, que se suman a los 5 mil millones del dictamen original. Es el tema de la semana porque en esos tres hechos se juega la credibilidad de la elección del 6 de junio.

Mi postura es clara: la investigación tiene que llegar hasta el fondo y con nombres, pero por la vía legal, no por la de la mañanera. Y el presupuesto del árbitro no puede convertirse en la multa que pagamos los votantes por lo que hicieron unos cuantos.

Empiezo por lo bueno. Que el INE haya ido a la Fiscalía es una señal correcta, aunque tardía. Según Expansión, la presidenta interina, Blanca Cruz García, adelantó que el escrito no nombraría de manera explícita a Guadalupe Taddei, porque la presunta red iría más allá de una sola persona, y el comunicado del instituto pide investigar sin distinción de personas, cargos ni periodos de gestión. La Jornada reportó que se pide indagar contratos de la elección judicial de 2025 y de la producción de la credencial para votar. El 4 de noviembre, además, la Unidad de Inteligencia Financiera metió a 25 personas físicas y 15 morales a su lista de personas bloqueadas y también presentó denuncia. Hay, por fin, instituciones trabajando.

Ahora, lo que no se vale. La presidenta Claudia Sheinbaum habló esta semana de un «cochinero» y de una «mafia electoral», y El Universal reportó desde la conferencia matutina que la red de empresas ligada a José Alfredo Hernández Casillas sumó contratos por 2 mil 740 millones de pesos, 2 mil 94 millones entre 2014 y 2023 y 646 millones en 2024 y 2025. Esos montos hay que explicarlos, y rápido. Pero la Auditoría Superior de la Federación puede revisar gestiones anteriores del INE porque así lo permite la ley, no porque lo ordene Palacio Nacional. La Presidencia no dirige a la Auditoría, no dirige a la Fiscalía y no le toca adelantar culpables. Una carpeta mal armada al calor del discurso es el mejor regalo que se le puede hacer a un posible responsable: el juez la tumba y todos quedan libres. Hasta hoy ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidad de nadie en este caso, y la presunción de inocencia no es un tecnicismo, es lo que nos protege a todos.

Hay, además, una pregunta incómoda que nadie en el gobierno ha querido responder: si las empresas de esa red trabajaron con el instituto y con organismos locales desde 2014, ¿quién las dejó crecer durante tantos años y con qué complicidades en los gobiernos estatales? Si de verdad es una mafia, la investigación no puede detenerse en la puerta del INE.

Vamos al dinero. El dictamen del Presupuesto de Egresos 2027 se aprobó en comisión con 30 votos a favor y 13 en contra, y el pleno lo empieza a discutir este lunes 9. Con las reservas del viernes, el INE pasaría de los 42 mil 274 millones que pidió a unos 36 mil millones, alrededor de 6 mil millones menos. De ese último tijerazo, 618 millones irían a educación inicial, 362 millones a un programa para mujeres y 20 millones a promoción turística. Nadie está en contra de la educación inicial ni del apoyo a las mujeres. Pero esas reasignaciones se pudieron sacar de cualquier otro rubro; sacarlas del árbitro, a siete meses de una elección federal, manda un mensaje: el escándalo se está usando como pretexto.

El instituto organiza, junto con los organismos locales, la renovación de las 500 diputaciones y de 17 gubernaturas. Lo hace sin presidencia definitiva y en medio de una investigación penal. Si el recorte se aprueba así, que la Cámara diga con todas sus letras de dónde debe salir: de las compras, de los contratos cuestionados y del gasto administrativo. Ni un peso menos para capacitar a quienes reciben nuestro voto en las casillas, para la credencial o para el conteo rápido de la noche de la elección. Recortar donde hubo abuso es limpiar. Recortar la operación electoral es castigar al ciudadano.

Mi propuesta es sencilla. Que la Fiscalía informe cuántas carpetas abrió y qué contratos cubren. Que la Auditoría publique sus hallazgos con nombres, montos y fechas. Que la Cámara condicione cualquier ajuste al INE a que no toque la operación de casillas. Y que la nueva presidencia del instituto salga de un acuerdo de dos tercios, no de una tómbola.

La corrupción en el árbitro es gravísima, y quien la haya cometido debe pagar. Pero en democracia los culpables los decide un juez, no un micrófono, y la elección la defendemos con instituciones que funcionen, no con instituciones a dieta. Investiguemos todo. Dejemos trabajar al INE.