Con la aprobación de la reforma en materia de acoso callejero y la iniciativa para institucionalizar por ley la Policía de Género, la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Liz Salgado, rindió su segundo informe de gestión como legisladora del Distrito 18.

«Durante dos años como diputada del Distrito 18, he aprendido que el trabajo legislativo requiere una fórmula clara: escuchar antes de decidir, estudiar los problemas a fondo, proponer soluciones viables, vigilar el actuar del gobierno y regresar siempre a las colonias», afirmó.

La legisladora panista explicó que su agenda está enfocada en erradicar la violencia de género, el derecho a cuidar y la inclusión de sectores vulnerables.

«Las verdaderas leyes son aquellas que nacen de las vivencias diarias en la comunidad», dijo.

La reforma de acoso callejero, ya aprobada, fortalece la protección legal y la seguridad de las mujeres en espacios públicos. Además, presentó una iniciativa para institucionalizar por ley la Policía de Género en la secretaría y las alcaldías, asegurando personal especializado.

En su segundo informe, Salgado detalló que presentó 17 iniciativas de ley y 56 proposiciones con Punto de Acuerdo, además de 569 gestiones de servicios urbanos, 221 asesorías jurídicas gratuitas, 153 mastografías con el apoyo de FUCAM y la entrega de 129 aparatos ortopédicos.

En materia de salud, impulsa permisos y licencias laborales para personas cuidadoras de pacientes con cáncer de mama, reconociendo el cuidado como trabajo; y promueve un marco jurídico que obligue al gobierno a otorgar espacios educativos y médicos adecuados para personas con autismo.

«Detrás de cada cifra no hay una estadística fría, sino un vecino escuchado, un trámite resuelto y una familia que cuenta con el respaldo de su diputada», sostuvo.

Sobre infraestructura, aseguró que mantiene control estricto sobre los megaproyectos de la zona poniente: «Las grandes obras de infraestructura deben mejorar la vida de la gente, no convertirse en un riesgo para su patrimonio.»

«Representar a la ciudadanía no es una tarea de escritorio; es un compromiso ético que exige presencia constante, empatía y apertura absoluta para rendir cuentas», concluyó.

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