Gobierno de México decreta turismo comunitario como actividad de interés público prioritario

En un movimiento administrativo de alto calado para la política ambiental del país, el Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto que declara al turismo comunitario como una actividad de interés público y prioridad del Estado Mexicano. Esta medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, otorga facultades extraordinarias al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para intervenir en la planeación y ejecución de proyectos en zonas de alta biodiversidad.

El centro de la controversia administrativa radica en la transparencia de los 150 millones de dólares anunciados para nuevas inversiones turísticas. El decreto establece que el 60% de estos recursos deberá destinarse directamente a fortalecer el equipamiento e infraestructura de los llamados Destinos de Turismo Comunitario (DTC), tales como Maya Ka’an en Quintana Roo y los Pueblos Mancomunados en Oaxaca, con el fin de evitar la gentrificación y el desplazamiento de ejidatarios.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha endurecido la vigilancia sobre las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos de aventura. Bajo la nueva normativa, cualquier desarrollo en áreas protegidas de Baja California o Yucatán deberá certificar el beneficio económico directo para las comunidades locales, bajo pena de revocación inmediata de la concesión federal.

Organismos de vigilancia ciudadana han señalado que la designación del turismo comunitario como «prioridad estatal» debe acompañarse de mecanismos de rendición de cuentas claros. La fiscalización de los fondos destinados al «Camino del Mayab» en Yucatán, por ejemplo, está bajo la lupa de la Auditoría Superior, buscando que los recursos públicos no terminen subsidiando infraestructura privada de grandes cadenas hoteleras internacionales.

La «plana mayor» de la industria ha recibido la noticia con cautela. Si bien el decreto garantiza la protección de los recursos naturales, también impone una carga regulatoria más estricta para la obtención de permisos de operación en zonas costeras y selváticas. La normativa exige que los operadores turísticos presenten planes de manejo de residuos y auditorías hídricas trimestrales ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este cambio de paradigma busca corregir los excesos cometidos en décadas pasadas, donde el turismo masivo degradó ecosistemas críticos. La nueva ley de turismo sostenible obliga a los inversionistas a participar en fideicomisos de conservación comunitaria, asegurando que el flujo de capital no se concentre únicamente en las empresas operadoras, sino que irrigue de manera equitativa a las cooperativas locales que custodian el territorio.

Con la mira puesta en el Tianguis Turístico 2026, el gobierno federal intenta proyectar una imagen de control y legalidad en el manejo de sus recursos naturales. El reto institucional será pasar de la retórica del decreto a la ejecución técnica en el campo, garantizando que el turismo de aventura sea realmente un vehículo de desarrollo y no una fachada para la explotación desmedida de las joyas naturales del país.