Sheinbaum apela a la autodeterminación sobre reforma electoral en Nicaragua

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la postura de su administración respecto al principio constitucional de autodeterminación de los pueblos al ser cuestionada sobre la eliminación del sistema de elecciones periódicas aprobada en Nicaragua bajo el mandato de Daniel Ortega. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal evitó calificar de forma directa las modificaciones constitucionales ejecutadas por el régimen nicaragüense.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se producen tras la ratificación legislativa en Managua de una reforma a la carta magna que consolida la estructura del poder público sin la celebración de comicios generales abiertos. Cuestionada sobre el impacto democrático de la medida en la región, Sheinbaum sostuvo que la política exterior de México mantiene la observancia del artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México ha mantenido su representación diplomática en Nicaragua sin llamadas a cuentas a su embajador en Managua ni la emisión de notas de protesta bilaterales. La postura institucional contrapone el enfoque de la diplomacia mexicana con las resoluciones aprobadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde 26 países miembros han votado resoluciones de condena contra la administración de Ortega.

El intercambio comercial entre México y Nicaragua registró en el último año un flujo bilateral equivalente a 1,120 millones de dólares, concentrado principalmente en la exportación de manufacturas mexicanas, productos farmacéuticos y telecomunicaciones. La Cancillería confirmó que las relaciones comerciales y los tratados vigentes en el marco del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica continúan operando sin modificaciones operativas.

En el plano multilateral, la postura mexicana se alinea con la doctrina de no intervención que ha caracterizado los periodos de gobierno de la Cuarta Transformación desde 2018. Esta directriz difiere del posicionamiento adoptado por otros gobiernos de la región, como Chile y Colombia, cuyas administraciones emitieron comunicados oficiales donde señalan el retroceso en las garantías democráticas y los derechos políticos en la nación centroamericana.

Informes de organismos internacionales de derechos humanos contabilizan que la reforma constitucional en Nicaragua afecta de manera directa el derecho al voto de aproximadamente 4.8 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de ese país. La norma aprobada por la Asamblea Nacional nicaragüense elimina la periodicidad de los mandatos presidenciales e integra la figura de la «co-presidencia».

La Presidencia de la República descartó modificaciones en la agenda de la diplomacia mexicana hacia Centroamérica, reiterando que la canalización de la cooperación internacional para el desarrollo se mantendrá a través de los programas sociales bilaterales operados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en el istmo.