Por Bruno Cortés En apenas siete días, el gobierno de Pablo Lemus ha pasado de enfrentar un reclamo de servicios públicos a cargar con una crisis política de varias capas. La segunda marcha «Agua Limpia», celebrada este domingo 18 de octubre en Guadalajara, colocó en la misma calle tres exigencias que hasta hace poco corrían por separado: agua potable de calidad, justicia por la represión en Casa Jalisco y la revocación de mandato del gobernador. Que la jornada terminara con incendios en las sedes de los tres poderes estatales añade una cuarta capa: la disputa por el relato de quién está detrás de la violencia. De la llave al Palacio El origen del conflicto es concreto y cotidiano. Desde hace meses, colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá reciben agua turbia, con sedimentos y olor a drenaje. Es un agravio que no distingue filiaciones partidistas y que toca a la vida diaria de los hogares, lo que explica la capacidad de convocatoria: los medios hablaron de miles de asistentes, aunque no hay cifra oficial. El punto de quiebre fue el 11 de octubre. Aquella protesta frente a Casa Jalisco, de alrededor de 10 mil personas, terminó con 39 detenidos, 28 policías y 31 civiles lesionados. Lemus reconoció un uso excesivo de la fuerza y 17 policías quedaron bajo investigación. Esa admisión, inusual en un mandatario, buscó contener el daño, pero no desactivó el enojo: este domingo la justicia por esos hechos fue una de las banderas del contingente. El costo para Lemus y Movimiento Ciudadano Las pancartas ofrecen una lectura del ánimo social. «A Movimiento Ciudadano no le gustan los movimientos ciudadanos» condensa una crítica de fondo a un partido que construyó su marca precisamente sobre la idea de la participación ciudadana. «Al estilo Mierdisco», otra de las cartulinas exhibidas frente a Palacio de Gobierno, apunta en el mismo sentido. El reclamo deja de ser sólo técnico, sobre la calidad del agua, y se vuelve una evaluación del estilo de gobierno. La petición de revocación de mandato es, en ese contexto, más un termómetro que un procedimiento en curso. No hay hasta ahora un proceso formal anunciado, pero su aparición en las calles a tan corta distancia de la represión en Casa Jalisco muestra que una parte de los inconformes ha pasado de pedir soluciones a cuestionar la permanencia del gobernador. Para MC, que gobierna Jalisco y la capital, el riesgo es que el problema del agua se convierta en el eje de la conversación pública y que cada nueva protesta refuerce esa narrativa. La violencia y la disputa del relato La jornada tuvo dos rostros. Durante el recorrido, según Quadratín, no hubo enfrentamientos con la policía. Hacia las 12:52 horas, los organizadores suspendieron la marcha tras identificar al menos cinco grupos armados con palos, bates y martillos que tronaron cohetes y al menos una bomba casera, de acuerdo con El Informador. Los asistentes los aislaron al grito de «fuera encapuchados» y, más tarde, entregaron a hombres que detonaban barrenos. La marcha se reanudó antes de las 14:00 horas, según Mural y Reforma, ya sin muchas familias, mientras El Economista reportaba saqueos en decenas de comercios de la avenida Juárez. Desde las 15:30 horas comenzaron los ataques a Palacio de Gobierno: puertas derribadas, accesos quemados, vitrales rotos, cámaras retiradas y pintas, según NNC. Hubo fuego en el acceso del Congreso, de acuerdo con Once Noticias y Aristegui Noticias, y en una puerta del Poder Judicial que policías y brigadistas apagaron con extintores. Aquí aparece la primera divergencia relevante. Según el gobernador, al final quedó un grupo de unas 300 personas. La CEDHJ documentó a unas 30 lanzando petardos contra Palacio. La diferencia no es menor: un grupo de 300 sugiere una porción significativa de la protesta; uno de 30, una célula acotada ajena al grueso de los manifestantes. Lemus, por su parte, trazó una línea al afirmar que los ataques «ya no son parte de la marcha pacífica», una distinción que, de sostenerse, separa la demanda legítima de los hechos violentos. Versiones cruzadas: MC contra Morena En redes sociales, la violencia se convirtió de inmediato en munición partidista. Un sector acusa a supuestos grupos de choque de Movimiento Ciudadano, con la lógica de que los disturbios desacreditan una protesta incómoda para el gobierno. Otro señala a operadores de Morena, entre ellos diputados y un operador del senador Lomelí, con el argumento inverso: que la violencia buscaría desgastar a la administración estatal. Ninguna de estas acusaciones ha sido acompañada de pruebas, y ambas deben leerse como parte de la confrontación política, no como hechos establecidos. Detenidos sin claridad La falta de información oficial alimenta esa disputa. Según el gobernador, cinco personas fueron detenidas en una camioneta robada con bidones de gasolina, como presuntas responsables de los incendios. N+ reportó cuatro detenidos en una camioneta blindada robada con explosivos; NNC, detenciones en Independencia e Hidalgo con apoyo de drones; y la CEDHJ, dos personas retenidas por la Policía de Guadalajara cuya posible minoría de edad se revisaba. La Fiscalía no ha informado identidades ni situación jurídica, y no hay saldo oficial de lesionados ni de daños. Lo que viene La CEDHJ analizará las agresiones y la actuación de las autoridades. Mientras no haya información verificable sobre quiénes atacaron los edificios, cada bando seguirá llenando ese vacío con su propia versión. Para el gobierno estatal, el reto inmediato es doble: esclarecer la violencia sin criminalizar la protesta y, sobre todo, dar una respuesta creíble al problema que sacó a miles a las calles, el agua que llega a sus casas. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas Cierran puertos de Oaxaca y Michoacán por el huracán Trudy
