Diputados proponen uso obligatorio de casco para scooters en México

Por Bruno Cortés

La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa formal para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la obligatoriedad en el uso de casco certificado para todas las personas conductoras y pasajeras de monopatines y scooters eléctricos en el territorio nacional. La propuesta busca estandarizar los requisitos de protección personal ante el incremento sostenido de accidentes viales urbanos que involucran vehículos de movilidad personal (VMP).

El proyecto legislativo detalla que el incumplimiento de esta disposición ameritará sanciones administrativas y multas económicas para los usuarios de estos dispositivos, cuyos esquemas regulatorios han permanecido fragmentados entre los reglamentos de tránsito locales de distintas entidades federativas. Las estadísticas recientes de siniestralidad urbana sitúan a los traumatismos craneoencefálicos como la principal causa de atención hospitalaria en colisiones de monopatines.

En el aspecto operativo, la norma homologa las especificaciones técnicas que deberán cumplir los cascos protectores, exigiendo certificaciones de resistencia al impacto avaladas por normas oficiales mexicanas o estándares internacionales equivalentes. Asimismo, se prohíbe de manera expresa el traslado de más de una persona por unidad, limitando el diseño unipersonal original de estos vehículos de transporte compartido y particular.

El modelo de fiscalización planteado recae sobre las policías de tránsito municipales y estatales, quienes contarán con facultades para detener la marcha de los vehículos y remitirlos a depósitos vehiculares en caso de reincidencia. Los datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad indican que la flota de monopatines en zonas metropolitanas supera las 30 mil unidades activas, operando principalmente en corredores financieros y zonas residenciales de alta densidad.

La iniciativa retoma los diagnósticos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la vulnerabilidad física de los usuarios de vehículos ligeros frente al transporte pesado y vehicular convencional. La falta de infraestructura segregada en más del 70 por ciento de las arterias secundarias incrementa exponencialmente el riesgo de atropellamientos y caídas a nivel de pavimento.

El proceso legislativo correspondiente contempla la discusión y análisis del proyecto en comisiones ordinarias durante el actual periodo de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diversas organizaciones civiles enfocadas en la seguridad vial han manifestado su respaldo condicionado, exigiendo que la medida se acompañe de la construcción masiva de ciclovías protegidas.

Con esta propuesta, el Poder Legislativo pretende disminuir los costos sociales y presupuestales que el sistema de salud pública absorbe anualmente por la atención de lesiones graves derivadas de accidentes en vehículos de movilidad personal, estableciendo un marco de corresponsabilidad cívica y gubernamental.