Plantean Ley General de Identificación Forense Humana en México

Por Bruno Cortés

El diputado federal Felipe Miguel Delgado (Morena) presentó una iniciativa formal ante la Cámara de Diputados para expedir la nueva Ley General de Identificación Humana y Forense, un marco normativo diseñado para combatir la crisis de rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos en el territorio nacional. La propuesta legislativa establece la creación obligatoria de un sistema único de registro y homologación de protocolos científicos para todas las fiscalías estatales y federales del país.

El documento detalla la integración de tres pilares tecnológicos e institucionales fundamentales: el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y un programa especial de exhumación sistemática en fosas comunes municipales y estatales. La iniciativa surge ante la saturación de los servicios forenses en entidades federativas que concentran el mayor número de carpetas de investigación por desaparición de personas.

En el aspecto operativo, la propuesta contempla la profesionalización y certificación obligatoria de peritos, antropólogos forenses, genetistas y dactiloscopistas bajo estándares internacionales avalados por organismos autónomos y colectivos de familiares. Asimismo, se fijan plazos estrictos para la toma obligatoria de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas de manera previa a cualquier inhumación en calidad de desconocidos.

El modelo presupuestario planteado en el proyecto legislativo estipula la asignación de recursos etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar la autonomía técnica y financiera de los institutos de ciencias forenses. Actualmente, diversas dependencias estatales operan con déficits operativos superiores al 60 por ciento en insumos de reacción genética y capacidad de almacenamiento en frío.

La iniciativa retoma los diagnósticos emitidos por organismos internacionales y relatores de la Organización de las Naciones Unidas sobre la necesidad de superar la fragmentación institucional entre las 32 fiscalías del país. La falta de comunicación interoperable entre bases de datos estatales ha constituido históricamente uno de los principales cuellos de botella en la localización e identificación de víctimas.

El proceso legislativo correspondiente iniciará con su turno a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia en el Palacio Legislativo de San Lázaro para su dictaminación. Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda han manifestado su interés en participar en las mesas de parlamento abierto que se proyectan para enriquecer el articulado de la ley.

Con esta propuesta, el Poder Legislativo busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas vinculantes que garanticen el derecho humano a la verdad, la identidad post mortem y una dignificación efectiva en el tratamiento de los cuerpos bajo resguardo institucional en todo el país.