Por Bruno Cortés

 

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa formal para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo la obligación legal para proveedores de bienes y servicios por internet de identificar mediante advertencias claras las imágenes comerciales generadas con inteligencia artificial. La propuesta busca mitigar el fraude digital y la distorsión publicitaria en plataformas de comercio electrónico que operan en territorio nacional.

El proyecto legislativo detalla que el incumplimiento de esta disposición ameritará sanciones económicas y multas proporcionales al volumen de ventas de las empresas infractoras. Las estadísticas recientes de fiscalización digital sitúan a la publicidad engañosa generada por modelos sintéticos como uno de los principales motivos de reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En el aspecto técnico, la norma homologa los estándares de identificación visual mediante metadatos incrustados y marcas de agua visibles que indiquen de forma inequívoca si un producto fotográfico o renderizado ha sido alterado o creado algorítmicamente. Asimismo, se prohíbe el uso de representaciones sintéticas que exageren dimensiones, texturas o propiedades funcionales de bienes tangibles ofertados en la web.

El modelo de fiscalización planteado recae sobre la Dirección General de Estudios sobre Consumo y la Dirección de Comercio Electrónico de la Profeco, instancias que contarán con facultades para ordenar el retiro inmediato de anuncios digitales apócrifos. Datos del sector industrial estiman que el comercio electrónico en México supera los 600 mil millones de pesos anuales, concentrando un sector masivo de transacciones no reguladas en materia visual.

La iniciativa retoma los diagnósticos emitidos por organismos internacionales de protección al consumidor sobre los riesgos asociados a la manipulación algorítmica de catálogos comerciales. La falta de transparencia en la presentación de mercancías incrementa exponencialmente las tasas de devolución, disputas financieras y fraudes por suplantación visual de marcas registradas.

El proceso legislativo correspondiente contempla la discusión y análisis del proyecto en comisiones ordinarias durante el actual periodo de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diversas cámaras empresariales del sector tecnológico han manifestado reservas operativas, exigiendo plazos de transición razonables para la adaptación de sus sistemas de gestión de contenidos digitales.

Con esta propuesta, el Poder Legislativo pretende disminuir los costos económicos que los consumidores absorben anualmente por transacciones basadas en expectativas falsas, estableciendo un marco de corresponsabilidad digital entre las plataformas de comercio electrónico y las autoridades reguladoras mexicanas.

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