México anuncia acciones legales por fallecimientos en custodia del ICE

Por Juan Pablo Ojeda

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la activación de procedimientos jurídicos e interposición de querellas tras confirmarse el fallecimiento de ciudadanos mexicanos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), sin presentar hasta el momento un informe desagregado sobre el estado procesal de las litigaciones.

Los registros de protección consular contabilizan un incremento en los decesos de connacionales en recintos de detención administrativa estadounidense durante el ciclo fiscal en curso, motivando la intervención de la red de 53 consulados mexicanos distribuidos en territorio estadounidense para requerir peritajes médicos e investigaciones independientes.

El balance técnico de la Cancillería omite especificar el número total de demandas formalizadas ante cortes federales de Estados Unidos, así como la identidad de los centros de detención privados u operados por el gobierno federal donde ocurrieron las defunciones por presunta negligencia médica o violaciones a los protocolos de custodia.

En el marco de los acuerdos multilaterales de asistencia consular, las autoridades diplomáticas mexicanas enviaron solicitudes formales de información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Inspección General (OIG), sin que se hayan publicado las conclusiones de los dictámenes forenses ni las autopsias correspondientes.

Estadísticas del sistema de protección consular indican que las partidas presupuestales destinadas a la contratación de despachos jurídicos externos en Estados Unidos absorbieron recursos asignados al programa de asesoría legal, aunque no se han divulgado los porcentajes de éxito en la obtención de indemnizaciones o fincamiento de responsabilidades penales contra custodios.

El procedimiento operativo estándar exige la entrega de informes trimestrales a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Unión sobre el seguimiento de casos de vulneración grave a los derechos humanos de mexicanos en el extranjero, documento que registra un retraso en su integración metodológica para el presente periodo.

La falta de actualización en los datos públicos sobre los litigios en curso mantiene en suspenso la evaluación del impacto real de la estrategia de defensa legal implementada por el Gobierno de México ante los tribunales norteamericanos en favor de las familias de los fallecidos.