Fiscalización y diplomacia la respuesta de México ante sealamientos de Milei

Por Juan Pablo Ojeda

La negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las imputaciones del mandatario argentino Javier Milei abrió un frente de fiscalización sobre el uso y control de las partidas presupuestales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Frente a los sealamientos de la Casa Rosada sobre un supuesto uso de dinero público mexicano para interferir en la política argentina, órganos de control e integrantes del Congreso exigieron transparencia absoluta en los gastos de comunicación social e internacionales.

Durante su intervención en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que el erario mexicano se gestiona bajo esquemas estricto de austeridad y control, rechazando la posibilidad de que existan fondos secretos u operaciones encubiertas dirigidas al extranjero. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones internacionales ha encendido las alarmas en las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Integrantes de la oposición parlamentaria solicitaron formalmente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la ASF que realicen un desglose detallado de las erogaciones ejecutadas por la Cancillería en el último ejercicio fiscal. El objetivo es verificar que no existan triangulaciones presupuestales mediante consultoras de comunicación o agencias digitales contratadas en América Latina.

La tensión entre ambos gobiernos pone a prueba las salvaguardas legales que impiden a las dependencias gubernamentales destinar recursos a pautas publicitarias fuera de las fronteras nacionales. De acuerdo con la Ley General de Comunicación Social, toda erogación en materia de difusión debe estar estrictamente vinculada a la prestación de servicios públicos o la orientación ciudadana dentro del territorio mexicano.

Expertos en derecho internacional y transparencia señalaron que el gobierno mexicano debe acompañar las declaraciones políticas con la apertura de los expedientes de gasto en representación diplomática para desmantelar cualquier sospecha sobre el uso del erario. Argumentan que la reputación institucional de México en el exterior exige un ejercicio de rendición de cuentas que trascienda la confrontación retórica en los medios.

En respuesta a la exigencia de auditorías, voceros de la Presidencia de la República reiteraron que la totalidad del presupuesto asignado a comunicación social es público y consultable a través del Portal de Obligaciones de Transparencia. Aseguraron que las acusaciones de Milei carecen de sustento probatorio y forman parte de una estrategia de distracción política frente a los problemas económicos que enfrenta Argentina.

El diferendo diplomático continuará bajo la supervisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la cual convocará a reuniones de trabajo con diplomáticos mexicanos para evaluar el estado de la relación bilateral y garantizar que el uso de los recursos públicos se mantenga apegado a la legalidad y los tratados internacionales firmados por México.