Sheinbaum replica a Washington y exige corresponsabilidad por tráfico de armas

Por Juan Pablo Ojeda

La réplica de la presidenta Claudia Sheinbaum a los severos señalamientos del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, puso de manifiesto el creciente choque diplomático entre la administración mexicana y el gobierno de Donald Trump respecto a la evaluación de las instituciones de seguridad y justicia en México.

Al responder al argumento de Washington de que los cárteles controlan el aparato judicial y partes sustanciales del territorio, Sheinbaum cuestionó la omisión de las autoridades estadounidenses en el control del flujo de armas de fuego ilegales que cruzan la frontera norte para equipar a las bandas delictivas.

Analistas de política internacional señalan que la postura firme del Ejecutivo mexicano busca frenar los intentos de la Casa Blanca por justificar presiones unilaterales, condicionamientos presupuestales o eventuales clasificaciones de los grupos criminales que vulneren la soberanía territorial.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria argumentó que las declaraciones de Miller responden a narrativas de política interna en Estados Unidos, donde se busca responsabilizar a México por la crisis de consumo de opioides sintéticos, evadiendo los problemas de salud pública y distribución interna en su propio territorio.

Sin embargo, la respuesta oficial de Palacio Nacional enfrenta el reto de convencer a los observadores internacionales sobre la efectividad de los mecanismos internos para erradicar la impunidad y la colusión de mandos locales con el crimen organizado, aspectos que han sido documentados por organizaciones civiles independientes.

En la Cámara de Diputados y el Senado de la República, legisladores de la oposición instaron al Gobierno federal a acompañar la retórica diplomática con acciones concretas de fiscalización financiera y depuración de los cuerpos policiales en los municipios con mayor índice de violencia.

El intercambio de declaraciones evidencia un estancamiento en la agenda de cooperación bilateral, donde la exigencia de rendición de cuentas mutua sustituye a los acuerdos institucionales de combate al narcotráfico, en un momento crucial para la revisión de los tratados comerciales regionales.