Por Juan Pablo Ojeda

 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante su conferencia de prensa matutina que las investigaciones en curso respecto a los movimientos financieros del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responden de manera exclusiva a criterios técnicos institucionales y no a una estrategia de persecución política.

La mandataria precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) actúan bajo protocolos normativos estandarizados de fiscalización, los cuales se activan ante inconsistencias en las declaraciones patrimoniales o reportes de operaciones inusuales dentro del sistema bancario nacional.

De acuerdo con el desglose del caso, las pesquisas administrativas analizan transferencias monetarias y activos inmobiliarios registrados durante los últimos ejercicios fiscales, en un procedimiento que abarca tanto a exservidores públicos del fuero federal como de los ámbitos estatales.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la administración federal no instruye la apertura de expedientes por motivos de filiación partidista ni coordina acciones judiciales orientadas a inhibir el ejercicio de la oposición política en el territorio nacional.

El marco regulatorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que los sujetos obligados deben reportar cualquier transacción que supere los umbrales financieros normados, independientemente de la trayectoria pública del titular.

Representantes de la Secretaría de la Función Pública han mantenido el intercambio de información con las autoridades tributarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de exfuncionarios que desempeñaron cargos de alta responsabilidad ejecutiva.

El expediente continuará su curso en las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, donde las autoridades competentes determinarán la procedencia o el desestimamiento de las observaciones formuladas por los órganos de fiscalización.

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