PAN solicita al INE separar funcionarios y suspender contratos irregulares

Por Bruno Cortés

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados formalizó una solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir la separación inmediata de sus funciones de diversas personas funcionarias contratadas bajo la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, así como la revisión y suspensión cautelar de contratos calificados como irregulares.

El documento presentado ante la autoridad electoral detalla un análisis cuantitativo de las asignaciones presupuestales y los procesos de adjudicación directa realizados en las áreas administrativas del organismo autónomo durante el último año fiscal. Según los datos expuestos por la representación partidista, las contrataciones observadas superan los umbrales normativos establecidos en la ley de adquisiciones.

El desglose técnico de la solicitud señala inconsistencias en los perfiles profesionales de al menos una docena de mandos medios y superiores adscritos a direcciones ejecutivas clave del instituto. Las auditorías internas preliminares citadas en el escrito indican que los procedimientos de selección no cumplieron con los criterios de idoneidad y experiencia exigidos por el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

En el aspecto financiero, el monto acumulado de los contratos bajo escrutinio asciende a decenas de millones de pesos, recursos que fueron canalizados hacia la provisión de servicios informáticos, consultorías externas y arrendamientos operativos. La bancada promovente argumenta que estas erogaciones representan un desvío de los objetivos de austeridad y eficiencia presupuestal estipulados para los órganos autónomos.

La petición también incluye la exigencia de que la Contraloría General del INE inicie de oficio expedientes de responsabilidad administrativa contra los funcionarios firmantes de los convenios cuestionados. Las observaciones legales subrayan que la permanencia de dichos elementos en sus cargos vulnera los principios rectores de imparcialidad y certeza jurídica que rigen los procesos electorales en el país.

Por su parte, los órganos de gobierno del instituto electoral analizan los términos jurídicos de la solicitud para determinar la procedencia de las medidas cautelares solicitadas. Los plazos normativos obligan a emitir una respuesta formal en las semanas subsecuentes, periodo durante el cual se prevé la integración de expedientes adicionales por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las repercusiones de esta controversia administrativa inciden directamente en la gobernabilidad interna del INE, en un contexto donde el organismo enfrenta los preparativos técnicos para los próximos procesos comiciales federales y locales, exigiendo estrictos estándares de transparencia en el manejo de su infraestructura institucional y presupuestal.