Por Juan Pablo Ojeda La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió el análisis formal de dos recursos de amparo promovidos por la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. El máximo tribunal constitucional determinará si las autoridades ministeriales del país violaron las reglas procesales de extradición al intentar formular imputaciones por nuevos delitos que no formaban parte de la solicitud original aprobada en 2022. El debate judicial se centra en la aplicación de la «regla de especialidad» fijada en el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos. Este principio legal prohíbe que una persona entregada por otro gobierno sea procesada penalmente por causas distintas a las acordadas en el decreto inicial de entrega, a menos que exista un permiso diplomático expreso emitido por el Estado requerido. Las causas de origen que sustentaron la entrega de Duarte desde Florida abarcan los delitos de asociación delictuosa y peculado por un monto cuantificado en 96 millones de pesos. No obstante, tras su recepción en territorio nacional, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua buscó cumplimentar órdenes de aprehensión pendientes derivadas de otros expedientes penales abiertos. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito acordó remitir el asunto a la Suprema Corte para sentar un criterio uniforme. Los ministros deberán pronunciarse sobre si los procesados tienen el derecho de ser escuchados en audiencia antes de que la Cancillería tramite la excepción a la regla de especialidad. Existen más de 18 carpetas de investigación vinculadas a presuntas irregularidades cometidas durante la administración estatal del exmandatario. Un fallo favorable al promovente mantendría congeladas las órdenes de aprehensión adicionales hasta que el Departamento de Estado estadounidense resuelva formalmente cada una de las solicitudes de ampliación presentadas. En la actualidad, Duarte Jáquez permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, «El Altiplano», afrontando un proceso incoado por la Fiscalía General de la República. El dictamen de la Suprema Corte determinará la pauta que deben seguir los jueces federales para el manejo de acusaciones posteriores en casos de extradición activa. La decisión de la Primera Sala establecerá si la falta de audiencia previa en las gestiones diplomáticas vulnera las garantías consagradas en el artículo 14 de la Constitución. Los proyectos de sentencia se elaborarán en los próximos meses para ser sometidos a la votación del pleno jurisdiccional. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas Encuesta revela respaldo del 82% a regulación de redes a menores Rechazan en EEUU compra de guantes electrochoque para ICE por 8 millones