Por Bruno Cortés

 

La diputada federal Laura Ballesteros y el legislador Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano (MC), anunciaron que ofrecerán asesoría jurídica y amparos gratuitos al personal de salud para exigir la aplicación de la reforma constitucional que establece un salario base digno para trabajadores del sector público.

Ballesteros informó que médicos, enfermeras y otros trabajadores podrán recurrir a este mecanismo legal para defender sus derechos laborales y reclamar el incremento salarial contemplado en la reforma.

La legisladora señaló que el personal sanitario enfrenta condiciones laborales difíciles y, en algunos casos, debe cubrir con sus propios recursos materiales básicos para realizar sus actividades, como gasas, vendas, jeringas y cubrebocas.

La estrategia de MC contempla habilitar un apartado en sus plataformas digitales para que las personas interesadas puedan registrarse y acceder a un formato de amparo, con el objetivo de facilitar la defensa de sus derechos.

Por su parte, Pablo Vázquez Ahued cuestionó que continúe pendiente la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, pese a que fue aprobada por el Congreso de la Unión y por congresos estatales.

El diputado también criticó la resolución judicial que desechó un recurso promovido por MC para exigir que la Mesa Directiva del Senado concluya el procedimiento legislativo relacionado con la reforma salarial.

La modificación al artículo 123 constitucional busca establecer que las remuneraciones base de determinados trabajadores de los sectores público de salud, educación y seguridad no sean inferiores al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ballesteros acusó a Morena de mantener detenida la aplicación de la reforma y sostuvo que la falta de recursos presupuestales no debe impedir que se avance en el cumplimiento de los derechos salariales establecidos en la modificación constitucional.

Movimiento Ciudadano exigió que se concluya el trámite pendiente y se publique la reforma para que el personal beneficiado pueda acceder al salario previsto. La controversia se mantiene en torno a la formalización de su entrada en vigor y las acciones legales para exigirla.

 

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