ASF denuncia compras simuladas por 31.4 millones en Álvaro Obregón

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades financieras que ascienden a 31 millones 490 mil 640 pesos en la alcaldía Álvaro Obregón durante la gestión de Lía Limón. El expediente técnico se desprende de la auditoría de cumplimiento número 657, enfocada en la revisión del ejercicio del gasto federalizado correspondiente a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.

El monto auditado comprende contratos específicos asignados para el suministro de material eléctrico y electrónico destinado a la red de alumbrado público, lotes de pintura, impermeabilizantes, además de uniformes operativos y prendas de protección civil. Los registros presupuestarios confirman la dispersión íntegra de las partidas económicas autorizadas; sin embargo, los órganos fiscalizadores determinaron que no existe evidencia documental ni física que acredite la existencia material o la recepción formal de dichos suministros.

El desglose de los anexos técnicos revela que el equipo administrativo de la demarcación no pudo exhibir las altas en los almacenes centrales, las bitácoras de custodia ni las constancias de distribución comunitaria que comprobaran la aplicación directa de los insumos en las colonias de la alcaldía. La documentación contable remitida durante los periodos de solventación no cumplió con las especificaciones normativas requeridas para comprobar los volúmenes adquiridos.

A partir de los resultados de la auditoría 657, el ente fiscalizador federal concluyó que los recursos salieron de las cuentas públicas locales hacia proveedores específicos, pero los inventarios municipales mantuvieron saldos en cero respecto a los ítems estipulados en los contratos. Esta discrepancia entre el flujo de caja saliente y la nulidad de activos tangibles derivó en la catalogación de presuntas operaciones simuladas.

El expediente fue turnado a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), instancia que abrió la carpeta de investigación respectiva para deslindar responsabilidades penales sobre los funcionarios firmantes. Los peritajes contables se centran en verificar la capacidad técnica, la infraestructura de almacenaje y la operatividad real de las empresas receptoras de los 31.4 millones de pesos.

La legislación en materia de disciplina financiera establece que todo desembolso con cargo a participaciones federales requiere un expediente de comprobación que valide la entrega-recepción del bien pactado. En este caso particular, la falta de acreditación en almacén activo representa la totalidad del valor de los contratos observados en la muestra fiscalizada.

El proceso penal determinará los esquemas de retención de saldos o la eventual recuperación de los 31 millones 490 mil 640 pesos al erario público, mientras concluye el cruce de facturas del Servicio de Administración Tributaria vinculadas con los proveedores beneficiados durante ese ejercicio presupuestal.