Por Juan Pablo Ojeda

 

A las ocho de la mañana de este sábado, miles de jóvenes mexicanos se sentaron frente a sus computadoras con las manos sudorosas y el corazón latiendo a mil por hora para jugarse el futuro en el examen de ingreso a la UNAM, una prueba que esta vez cambió de reglas para evitar que los listos de siempre hicieran trampa usando inteligencia artificial. La máxima casa de estudios decidió endurecer sus filtros de seguridad instalando un software especial que monitorea la cámara, el micrófono y la pantalla de cada aspirante, luego de que en procesos anteriores se detectara a personas resolviendo las preguntas con ayuda de chatbots y programas automatizados. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de evaluación fluida y moderna se convirtió rápidamente en un dolor de cabeza logístico cuando las plataformas digitales comenzaron a congelarse a los pocos minutos de haber arrancado el reloj.

El problema de fondo radica en la infraestructura tecnológica y en la falta de acceso uniforme a internet de alta velocidad en las distintas regiones del país, un factor de política pública educativa que las autoridades suelen pasar por alto cuando implementan soluciones digitales masivas. Cuando el gobierno o las universidades públicas deciden mover un trámite o un examen de admisión al terreno digital para ahorrar costos de impresión de papel y blindarse contra la corrupción, trasladan la responsabilidad técnica al hogar de los ciudadanos, obligando a las familias a costear conexiones privadas que muchas veces no resisten el nivel de exigencia de un programa de monitoreo en tiempo real. Durante la prueba de este fin de semana, el sistema anti-trampas consumía tantos datos para transmitir el video de los estudiantes que las conexiones domésticas más débiles colapsaron, sacando a los alumnos del sistema a mitad del examen y bloqueándoles el acceso sin previo aviso.

Las cifras preliminares reportadas por colectivos estudiantiles y grupos de aspirantes afectados sugieren que al menos dos de cada diez alumnos experimentaron caídas en la plataforma, pantallas en blanco o mensajes de error que les restaron minutos valiosos para contestar las reactivos. Esta situación provocó que una prueba diseñada para durar tres horas se transformara en una carrera de obstáculos donde el estrés no venía de las preguntas de matemáticas o historia, sino de la incertidumbre de no saber si la computadora se iba a apagar en cualquier momento. La respuesta institucional de la universidad ante los fallos técnicos fue solicitar paciencia y ofrecer reprogramaciones individuales para quienes pudieran comprobar las fallas mediante capturas de pantalla, una medida que genera un costo administrativo extra e incrementa la incertidumbre entre las familias que llevan meses invirtiendo tiempo y dinero en cursos de preparación.

Desde la perspectiva de la economía de la educación, el acceso a la universidad pública opera como el principal motor de movilidad social en México, por lo que cualquier falla en el filtro de admisión altera de inmediato las oportunidades de miles de jóvenes de bajos recursos. Si un estudiante de una zona popular pierde su lugar en la carrera no por falta de conocimientos, sino porque la luz se fue en su colonia o el programa de la universidad no reconoció su cámara web, el sistema de selección deja de ser equitativo y castiga la brecha digital en lugar de premiar el mérito académico. Las políticas públicas de evaluación necesitan equilibrar la seguridad para evitar fraudes con la accesibilidad técnica real de la población, garantizando que el remedio contra los tramposos no termine perjudicando a quienes cumplen con las reglas.

Para las familias de los aspirantes, la jornada de hoy implicó además un gasto económico imprevisto que va desde la renta de espacios en cibercafés con mejor señal hasta el pago de paquetes de datos celulares de emergencia para mantener la conexión. El costo de oportunidad de perder un año escolar entero presiona a los jóvenes a buscar alternativas en el sector privado o a incorporarse al mercado laboral informal en caso de ser rechazados. Mientras la UNAM evalúa el desempeño del software y procesa las quejas recibidas, el debate sobre la efectividad de las pruebas en línea vuelve a ponerse sobre la mesa de las autoridades educativas del país.

El reto para la universidad en las próximas horas será auditar los servidores y determinar si los bloqueos fueron causados por ataques externos, saturación de la banda ancha o fallos de programación en el software contratado. La transparencia en la entrega de resultados y la rapidez con la que se reprogramen los exámenes interrumpidos definirán la confianza de la comunidad en este nuevo esquema de admisión digital. La institución tiene enfrente el desafío de corregir los errores en tiempo récord, asegurando que las herramientas tecnológicas funcionen como un puente hacia la educación superior y no como un filtro excluyente para la juventud mexicana.

En los próximos días, la máxima casa de estudios publicará el calendario de reposición para los estudiantes afectados, al tiempo que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública observan de cerca el experimento para decidir si este tipo de supervisión con inteligencia artificial se puede replicar en otras instituciones del país. Por ahora, miles de aspirantes aguardan en sus casas con la pantalla apagada, esperando que la tecnología finalmente se ponga de su lado para saber si ganaron un lugar en las aulas universitarias.

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