Presuntos asesinos de Camilo Séptimo enfrentarían hasta 296 años de cárcel

Por Juan Pabl0 Ojeda

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como presuntos responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, podrían recibir una pena máxima de hasta 296 años de prisión cada uno.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalló los delitos que se les imputan por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa, su hija de tres años y una empleada doméstica.

Por el homicidio calificado de cada una de las cuatro víctimas, la pena podría alcanzar hasta 70 años de prisión. En conjunto, este delito representaría una sanción máxima de 280 años para cada acusado.

A esto se sumarían hasta seis años por el delito de maltrato y crueldad contra animales, debido a la muerte del perro de la familia durante el ataque.

Además, debido a que la esposa de Jonathan Meléndez estaba embarazada, la Fiscalía contempla el delito de interrupción del embarazo, cuya pena máxima sería de 10 años de prisión.

Con la suma de las penas máximas previstas por los delitos señalados, cada uno de los dos acusados podría alcanzar los 296 años de cárcel, aunque será un juez quien determine las sanciones correspondientes si son declarados culpables.

Las autoridades también informaron que ambos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La audiencia inicial para la formulación de imputación fue programada para este sábado 5 de septiembre a las 12:30 horas, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense.

Según la investigación presentada por las autoridades, el móvil del crimen habría sido el intento de apoderarse de una caja fría que presuntamente contenía millones de dólares en bitcoins.

La Fiscalía señala que Diego Sebastián “N” habría planeado el ataque y que su chofer, Gerardo “N”, habría participado en los preparativos a cambio de una cantidad de dinero.

El caso continúa bajo investigación y los acusados mantienen su calidad de presuntos responsables hasta que exista una resolución judicial definitiva.