Presupuesto 2027: 5% para medios impresos, silencio digital y una veda electoral que puede golpear la caja

El artículo 10 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 introduce una regla que puede modificar el mercado de publicidad oficial. El texto obliga a destinar al menos 5% del gasto aprobado en comunicación social a medios impresos, pero no establece un porcentaje equivalente para medios digitales.

La primera precisión es jurídica: se trata de un proyecto de decreto, no de una disposición definitivamente aprobada. El porcentaje y las demás reglas pueden cambiar durante la discusión legislativa, por lo que ningún medio debería convertir el 5% en ingreso garantizado.

La segunda precisión es de alcance. El piso beneficia a la contratación de medios impresos conforme a las disposiciones aplicables; no ordena que todo el gasto restante se dirija a plataformas digitales ni garantiza que cada periódico, revista o portal reciba pauta.

El artículo también señala que no podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas donde haya elecciones, durante el periodo de campañas y hasta la conclusión de la jornada comicial. Sólo contempla las excepciones previstas en la Constitución y la legislación electoral.

La restricción no significa un apagón nacional de toda comunicación gubernamental. Su aplicación depende de la entidad, del calendario de campañas y del tipo de mensaje. Las campañas de información preventiva o de protección civil pueden tener un tratamiento distinto cuando encuadren en las excepciones legales.

El riesgo empresarial aparece en el calendario. El INE prevé que el proceso electoral federal 2026-2027 comenzará el 10 de septiembre de 2026 y coincidirá con elecciones locales. Si las campañas y las restricciones se concentran en la primavera, el segundo trimestre puede enfrentar menor contratación pública en varios estados.

Hablar de un hueco de ingresos es, por tanto, un escenario de planeación y no una cifra oficial. El impacto dependerá del porcentaje de facturación pública de cada portal, de la entidad donde se contrate, de los contratos vigentes y de las excepciones autorizadas.

Para una red de portales, la oportunidad está en diversificar antes de que empiece la ventana electoral: suscripciones, membresías, patrocinios privados, eventos, servicios de producción, boletines especializados y paquetes comerciales con métricas verificables.

También conviene ordenar la documentación. Cobertura geográfica, audiencia, circulación digital, tarifas, órdenes de inserción, facturación y separación entre publicidad y contenido editorial deben estar listos para cualquier proceso de contratación o auditoría.

La conclusión es incómoda pero útil: el proyecto protege un piso para impresos, deja a los digitales sin reserva específica y puede reducir la pauta oficial en entidades con campañas. Planear el segundo trimestre como un periodo de estrés de caja, sin confundirlo con una prohibición total, es la decisión prudente mientras el Congreso y el INE definen el calendario definitivo.