SEP auditará 100 por ciento de colegios militarizados tras caso Dafne

Por Juan Pablo Ojeda

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la puesta en marcha de un operativo de inspección y auditoría sobre la totalidad de los planteles educativos privados que operan bajo esquemas o disciplinas militarizadas en el territorio nacional. La decisión gubernamental responde de manera directa a las denuncias de violencia física y abusos vertidas en el expediente penal del caso Dafne Zapata, estudiante que sufrió severas lesiones al interior de un internado de este tipo.

De acuerdo con el censo preliminar del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), en México existen aproximadamente 120 instituciones privadas que integran en su plan de estudios disciplinas de acondicionamiento de corte castrense. Las autoridades educativas confirmaron que la normatividad vigente no faculta a los planteles particulares a aplicar castigos corporales, privación de la libertad ni métodos de adiestramiento físico extremo que contravengan los derechos fundamentales de los menores.

Las verificaciones administrativas estarán coordinadas por las delegaciones estatales de la SEP en conjunto con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). Los equipos de inspección auditarán los permisos del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), así como los perfiles profesionales del personal docente, de adiestramiento y de prefectura que labora en estos establecimientos privados.

El expediente del caso Dafne Zapata documenta afecciones físicas severas causadas por violencia sistemática al interior de un plantel privado en el Estado de México, donde se registraron prácticas de coerción física bajo el argumento del mantenimiento del orden institucional. Las investigaciones de la fiscalía estatal arrojaron la detención de personal directivo e instructores por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones graves y omisión de cuidado.

Las métricas de la Secretaría de Salud indican que los reportes de ingresos hospitalarios de menores provenientes de internados o academias disciplinarias han mostrado una recurrencia en distintas entidades del país durante los últimos tres años. Ante esta incidencia, la autoridad educativa federal fijó un plazo no mayor a 60 días hábiles para emitir un diagnóstico técnico detallado sobre el funcionamiento operativo de estos centros de enseñanza.

La SEP advirtió que los planteles que incurran en inconsistencias administrativas o no acrediten los protocolos de protección infantil requeridos perderán de manera inmediata la validez oficial de sus planes de estudio. Asimismo, se dará vista a las fiscalías generales de justicia de los estados en aquellos casos donde las inspecciones detecten indicios de maltrato físico, tortura o tratos crueles contra los educandos.

El plan de revisión extraordinaria contempla la instalación de un canal de denuncia anónima administrado por la Autoridad Educativa Federal para receptar quejas directas de padres de familia y alumnos. Los resultados finales de las auditorías a la totalidad de las academias militarizadas privadas serán integrados en un registro público de acceso general para orientar las decisiones de la ciudadanía en materia de oferta educativa.