Sheinbaum descarta movilización política en proceso contra Ernesto Ruffo

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera categórica que el proceso penal instruido contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política o al uso instrumental de las instituciones de procuración de justicia. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo federal aseveró que la investigación desarrollada por la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con elementos de prueba técnicos acumulados durante más de 12 meses de diligencias.

El expediente penal abarca la presunta integración de una red de contrabando de hidrocarburos e importación irregular de combustibles —esquema conocido como huachicol fiscal—, cuyo impacto hacendario se calcula en aproximadamente 4,000 millones de pesos. Las pesquisas judiciales condujeron a la vinculación a proceso de Ruffo Appel junto con otras siete personas por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando.

De acuerdo con los datos presentados por el Gabinete de Seguridad, el origen de la causa penal deriva del aseguramiento operativo de ferrotanques e infraestructura de transporte en Coahuila, donde se decomisaron más de 15 millones de litros de diésel y gasolina de procedencia ilícita. Las inspecciones aduanales y financieras permitieron identificar la participación de al menos 17 empresas dedicadas a la logística y comercialización de hidrocarburos en el norte del país.

En el plano financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias asociadas al exmandatario estatal y a la firma comercial Ingemar, en la cual figura como socio mayoritario. Los registros bancarios rastreados por la autoridad fiscal señalan inconsistencias en las declaraciones de importación formalizadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La mandataria enfatizó que la integración del expediente requiere un soporte probatorio riguroso supervisado por el Poder Judicial de la Federación, desmarcando la actuación de la FGR de cualquier consigna de carácter partidista. Pardo precisó que la causa no se limita a un individuo, sino que involucra a una estructura corporativa en la que existen órdenes de aprehensión adicionales pendientes de ejecución.

Ante la exigencia dirigencial formulada por el Partido Acción Nacional (PAN) respecto a la liberación del exgobernador, la Presidencia sostuvo que la carga de la prueba sobre la legalidad de los cargamentos y las operaciones comerciales corresponde a la representación legal de los imputados dentro del proceso jurisdiccional. El Ejecutivo federal descartó la intervención de la administración pública en los tiempos y resoluciones dictadas por los jueces de la causa.

El proceso legal contra el exgobernador continuará en la fase de investigación complementaria bajo la custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mientras el Ministerio Público de la Federación aporta las periciales contables y aduaneras finales. Se prevé que las autoridades judiciales determinen el cierre de instrucción en los plazos fijados por el código de procedimientos penales.