Sheinbaum reconoce inconstitucionalidad en traspaso de afores no reclamadas

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la transferencia automática e imprescriptible de los recursos de las cuentas de Afore no reclamadas hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar incurría en vicios de inconstitucionalidad. La admisión se produce tras las revisiones técnicas impulsadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se objetó el mecanismo de absorción de saldos de los trabajadores mayores de 70 años.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el saldo proyectado de las cuentas inactivas sujetas a esta medida sumaba un monto cercano a los 40 mil millones de pesos. Dichos fondos, administrados previamente por las Afores privadas, estaban destinados a constituir el capital semilla para compensar las jubilaciones bajo el régimen de la reforma de 2024.

El punto crítico de la invalidez jurídica radica en la vulneración del derecho a la propiedad privada y la retroactividad de la norma, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al declarar la imprescriptibilidad del reclamo pero retirar los fondos de los bancos sin un procedimiento de notificación previa, la ley privaba a los ahorradores de la titularidad efectiva de sus recursos.

La jefa del Ejecutivo precisó que su administración acatará el criterio constitucional y adecuará el marco operativo del Fondo de Pensiones para garantizar la seguridad jurídica de los cuentahabientes. La modificación obligará a establecer un protocolo judicial o administrativo de aviso individualizado antes de que cualquier saldo no reclamado sea movilizado a las arcas públicas.

En el mercado financiero, las diez Administradoras de Fondos para el Retiro que operan en el país resguardan más de 6 billones de pesos distribuidos en más de 74 millones de cuentas individuales. Tras el anuncio oficial, los indicadores de volatilidad en los instrumentos de deuda gubernamental asociados al fondo mostraron un comportamiento estable en la Bolsa Mexicana de Valores.

Las precisiones del gobierno federal implican que el mecanismo de financiamiento complementario para los jubilados deberá reestructurarse mediante asignaciones presupuestales directas y la liquidación de otros activos del Estado. El rediseño buscará evitar que los trabajadores o sus beneficiarios enfrenten trabas burocráticas al momento de exigir la devolución de sus aportaciones acumuladas.

El ajuste normativo será enviado al Congreso de la Unión para adecuar la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro al mandato de la Corte. Con este movimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redefinirá las reglas de operación para el envío de recursos excedentes hacia el fideicomiso público.