Artículo 19 denuncia agresión de gobernador a periodista en BCS

Por Juan Pablo Ojeda

La organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 documentó y denunció formalmente una agresión física y verbal cometida por el gobernador de Baja California Sur en contra de una reportera local. Los hechos ocurrieron durante un evento público cuando la comunicadora cuestionó al mandatario estatal sobre la legalidad y el monto del salario asignado a su hija dentro de la estructura administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con el informe preliminar presentado por la organización civil, el titular del Ejecutivo estatal reaccionó de manera intimidatoria arrebatando los equipos de grabación y emitiendo descalificaciones públicas contra la labor de la reportera. Los datos recabados en el expediente señalan que la funcionaria aludida percibe percepciones económicas superiores a los tabuladores permitidos para su categoría laboral en el sistema de salud.

En el aspecto legal e institucional, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraer el caso de manera inmediata. Las directrices normativas vigentes establecen la obligación de sancionar cualquier acto de hostigamiento institucional que vulnere el ejercicio informativo de los profesionales de la comunicación en territorio nacional.

Las estadísticas recopiladas por organismos protectores de derechos humanos ubican a Baja California Sur en una zona de riesgo moderado para el ejercicio periodístico, registrando un incremento en las denuncias por agresiones verbales y restricciones al acceso a la información pública por parte de funcionarios de primer nivel. Los reportes cuantitativos indican que las mujeres periodistas enfrentan un porcentaje elevado de violencia diferenciada.

Por su parte, la administración estatal emitió un comunicado preliminar rechazando las acusaciones de agresión física, argumentando que el intercambio se dio en el marco de una discusión política informal. Sin embargo, las organizaciones civiles desmintieron la versión oficial respaldándose en los videos y testimonios directos de los testigos presenciales que documentaron el incidente.

En materia de fiscalización administrativa, el nombramiento de familiares de gobernadores en dependencias federales como el IMSS ha abierto un debate nacional sobre los límites del nepotismo y la opacidad en la asignación de plazas públicas. La Contraloría General del Estado anunció que revisará los expedientes laborales para verificar el cumplimiento de las normativas de incompatibilidad de cargos.

El desarrollo de este conflicto institucional pondrá a prueba la eficacia de los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en el estado, mientras las instancias federales evalúan la apertura de carpetas de investigación por abuso de poder y violaciones a la libertad de expresión.