CIA operó en Chihuahua en 2025 con aval de exfiscal

Por Juan Pablo Ojeda

Agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos comenzaron a operar de manera encubierta en el estado de Chihuahua a partir del año 2025, de acuerdo con revelaciones periodísticas sustentadas en documentos oficiales y filtraciones de seguridad nacional. El despliegue operativo en territorio mexicano fue posible gracias al respaldo institucional otorgado por el entonces fiscal de operaciones estratégicas de la entidad federativa.

De acuerdo con los datos recabados en los expedientes de inteligencia, la colaboración directa entre los operadores extranjeros y la fiscalía estatal incluyó el intercambio de bases de datos biométricas, geolocalización de objetivos prioritarios y el uso de equipo tecnológico de espionaje avanzado. Las métricas operativas indican que estas acciones se concentraron en las rutas clave del trasiego internacional de sustancias ilícitas hacia el suroeste estadounidense.

El análisis de las repercusiones jurídicas y diplomáticas de este despliegue operativo señala una posible vulneración de los protocolos constitucionales que regulan la presencia de agencias extranjeras en suelo mexicano. La legislación federal establece restricciones estrictas sobre las funciones que los agentes acreditados pueden desempeñar fuera de las oficinas de enlace diplomático en la capital del país.

Por su parte, los registros financieros de las corporaciones de seguridad estatal muestran flujos de recursos destinados al acondicionamiento de centros de fusión de inteligencia en Ciudad Juárez y la capital del estado, los cuales operaron bajo esquemas de financiamiento mixto. La opacidad en la asignación de estos fondos ha motivado requerimientos de información por parte de los órganos de fiscalización superior.

Las autoridades federales de procuración de justicia no han emitido un posicionamiento oficial consolidado sobre el alcance de las operaciones de la agencia estadounidense en territorio chihuahuense, limitándose a señalar que cualquier cooperación internacional debe ajustarse rigurosamente a los convenios bilaterales firmados por la cancillería mexicana.

Las consecuencias de esta revelación reavivan el debate histórico sobre los límites de la soberanía nacional en materia de seguridad interior y el papel de las fiscalías locales en la recepción de asistencia técnica extranjera. Analistas en geopolítica advierten que la falta de supervisión federal sobre los mandos estatales facilita la injerencia desregulada de agencias de inteligencia externas.

El desarrollo de las investigaciones futuras dependerá de las auditorías que el Congreso de la Unión y los organismos de control interno realicen sobre los convenios de colaboración suscritos por las administraciones estatales pasadas en la franja fronteriza norte.