Por Juan Pablo Ojeda

 

Un comité del Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución para declarar en desacato al doctor Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés). La votación del panel legislativo se llevó a cabo tras el vencimiento del plazo legal fijado en una citación formal (subpoena) para la entrega de registros, correos electrónicos y documentación archivada durante su gestión al frente del organismo de salud pública.

El dictamen fue respaldado por la mayoría de los integrantes de la comisión investigadora con un registro de votación de 11 votos a favor y 9 en contra. La resolución técnica exige que el expediente sea turnado al pleno del Senado para determinar si se remite una notificación formal de desacato penal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Las métricas del requerimiento legislativo señalan que la comisión había solicitado el desglose de más de 15,000 folios relacionados con la asignación de fondos de investigación en el extranjero entre los años 2014 y 2021. El reporte del comité indica que la representación legal de Fauci entregó únicamente el 35% de los insumos requeridos dentro de la ventana de 60 días calendarios establecida en la notificación original.

En la exposición de motivos de la resolución, los legisladores argumentaron que la falta de entrega oportuna de los archivos obstaculiza el proceso de supervisión sobre las políticas de financiamiento científico y bioseguridad del gobierno federal. La normativa vigente en el Título 2 del Código de los Estados Unidos sanciona el incumplimiento de mandatos del Congreso con penas administrativas y posibles procesos judiciales.

Por su parte, la defensa legal de Fauci sostuvo mediante una comunicación escrita que se han entregado miles de páginas de expedientes y que la demora en el remanente responde a procesos de revisión de privacidad y clasificación de seguridad nacional. El equipo jurídico enfatizó que el exfuncionario ha comparecido en múltiples audiencias públicas acumulando más de 14 horas de testimonio bajo protesta de decir verdad.

Los registros del Congreso estadounidense indican que este procedimiento representa una de las escasas ocasiones en que un panel senatorial vota la declaración de desacato contra un exjefe de un organismo de salud federal en las últimas tres décadas. Los antecedentes legislativos muestran que los trámites de desacato remitidos al Departamento de Justicia requieren una evaluación del Fiscal General para decidir el inicio de una acción penal ante un gran jurado.

El itinerario parlamentario establece que el liderazgo del Senado agendará la discusión y eventual votación del dictamen en el pleno durante las próximas semanas de sesiones ordinarias. De confirmarse la ratificación de la medida por la totalidad de la cámara alta, el expediente se integrará formalmente a la nómina de procesos del distrito judicial de Columbia.

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