Ayer la Cámara de Diputados se movió con un ritmo inusual. No era una sesión cualquiera: era 25 de noviembre, Día Naranja, y el ambiente traía ese tono serio que se siente cuando la agenda política coincide con una fecha sensible. Entre moños, discursos y un Pleno más lleno de lo habitual, las diputadas encabezaron un arranque marcado por el llamado a frenar la violencia contra las mujeres, un tema que siempre aparece, pero rara vez con la fuerza que merecería.
Pero mientras afuera sonaba el mensaje simbólico, adentro lo que realmente traía a todos con el ojo encima era la extorsión. Ese delito que se volvió tan común que ya nadie se sorprende cuando escucha de un negocio que paga “cuota”, de un transportista que recibe llamadas de amenaza o de una familia que vive con miedo. Por eso ayer se decidió sacar adelante la minuta que el Senado mandó para cerrar la nueva Ley General contra la extorsión y todas las reformas que vienen pegadas a ella.
En general, la minuta cayó bien porque llegó con ajustes necesarios. Uno de los más celebrados fue el de las penas: se nivelaron para evitar que en algunos estados quedaran más altas que en la federación, lo que hubiera provocado liberaciones que nadie estaba dispuesto a defender. También se aclaró esa redacción rara sobre los “medios de comunicación” que muchos veían como un riesgo para el periodismo. Esa frase ya desapareció. Ahora queda claro que la extorsión por teléfono o telecomunicaciones es la que se contempla con agravantes.
Se mantuvieron también dos cosas que la gente llevaba años pidiendo: la denuncia anónima y que el delito se persiga de oficio. En un país donde denunciar parece casi un acto heroico, estas herramientas no son detalle menor.
El tema de los servidores públicos también surgió. Hubo quien intentó matizar las sanciones, pero la respuesta fue firme: si alguien debe estar más obligado a no extorsionar, a no abusar y a proteger a la gente, es quien cobra del gobierno.
Al fondo seguían resonando las protestas de transportistas del día anterior. Nada nuevo para ellos: carreteras peligrosas, cobros ilegales, robos, amenazas. Medio punto del PIB, se repetía en los pasillos, se pierde por la inseguridad en el transporte. Una cifra que duele y que contradice la postura de Gobernación, que decía que no había motivo para las manifestaciones. En la Cámara el mensaje fue otro: las carpetas deben abrirse contra los delincuentes, no contra quienes están trabajando.
Ayer cerró con una imagen clara: entre el naranja del activismo y el ruido de un país cansado de pagar extorsiones, la Cámara decidió pisar el acelerador. No es la solución definitiva, pero al menos desde la ley se está intentando empujar un cambio que ya no se puede retrasar.
