En el Congreso mexicano, los gestos pesan tanto como los votos. Por eso la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, decidió fijar postura sobre la licencia solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón para participar en un programa de televisión. El permiso fue aprobado, sí, pero eso —subrayó— no significa que deje de ser legislador.

Traducido al lenguaje ciudadano: aunque un diputado se separe temporalmente del cargo, sigue representando a la gente y debe comportarse como tal. López Rabadán fue clara al señalar que los servidores públicos están obligados a prestigiar la política con sus decisiones, dentro y fuera del recinto legislativo. En un país donde la clase política carga con una pesada desconfianza social, cualquier decisión personal puede convertirse en un mensaje público.

La discusión no se quedó ahí. La legisladora también habló sobre el presunto desvío de recursos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur hacia la campaña del entonces precandidato Adán Augusto López. Su postura fue sencilla y directa: si hay pruebas, que se investigue y se castigue. Sin justicia a modo y sin importar de qué partido se trate. Para López Rabadán, lo que daña más que el escándalo es la impunidad.

En ese contexto, defendió la importancia del financiamiento público a campañas. Puede sonar técnico, pero la lógica es fácil de entender: el dinero público busca equilibrar la competencia electoral y evitar que las campañas dependan de recursos privados sin control. Desde su perspectiva, no es un gasto inútil, sino una inversión en reglas claras y en la certeza de que los resultados reflejan la voluntad ciudadana.

La conversación se conecta con la posible reforma electoral que se discute en el entorno político. Aquí, partidos como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México juegan un papel clave, ya que sus votos pueden definir el rumbo de cualquier cambio en las reglas del juego democrático. López Rabadán sostuvo que tienen una responsabilidad histórica en lo que se apruebe.

También se refirió al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al señalar que enfrenta una persecución política, reabriendo el debate sobre si las instituciones de justicia se usan con criterios técnicos o con tintes partidistas.

En el fondo, el mensaje de la presidenta de la Cámara es más amplio que un caso particular. Es una advertencia sobre la delgada línea entre la vida pública y las decisiones personales cuando se ocupa un cargo. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la política necesita reglas claras, cuentas transparentes y funcionarios que entiendan que la confianza ciudadana no se hereda: se construye todos los días.

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