Por Juan Pablo Ojeda Una iniciativa impulsada en la Cámara de Diputados plantea expedir la Ley Federal de Protección y Reconocimiento a Personas Buscadoras y Personas Desaparecidas, un marco normativo que busca dotar de garantías institucionales, seguridad jurídica y recursos presupuestales a los colectivos ciudadanos que realizan labores de localización en todo el territorio nacional. La propuesta pretende homologar los protocolos de atención y establecer obligaciones directas para las fiscalías y comisiones de búsqueda en los tres niveles de gobierno. De acuerdo con el documento legislativo, la medida responde al incremento sostenido de registros de desaparición forzada y a la vulnerabilidad extrema que enfrentan los familiares al asumir tareas de investigación de campo sin acompañamiento estatal formal. Con ello se pretende blindar el derecho a la verdad y establecer un sistema integral de protección que reduzca las agresiones contra quienes integran estos colectivos. El marco normativo actual presenta vacíos operativos que fragmentan la coordinación interestatal y limitan el acceso oportuno a bases de datos forenses y ministeriales. La propuesta detalla que las instituciones de seguridad deberán garantizar medidas cautelares de protección inmediata, apoyo psicosocial y becas de subsistencia para los dependientes económicos de las personas buscadoras. Asimismo, la normativa contempla la creación de un fondo federal concursable destinado exclusivamente a financiar equipo técnico, herramientas de prospección y traslados para las brigadas independientes. Las dependencias que omitan o dilaten la ejecución de operativos de búsqueda enfrentarán sanciones administrativas severas y responsabilidades penales por omisión de auxilio. Las organizaciones civiles de derechos humanos han señalado que el volumen anual de expedientes acumulados asciende a decenas de miles de casos sin resolver, cifras que colapsan los servicios forenses estatales. La nueva disposición normativa pretende transparentar estos registros mediante la implementación de un sistema nacional único interconectado y auditable. En el aspecto presupuestal, la iniciativa reconoce la necesidad de etiquetar recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para robustecer las capacidades operativas de las comisiones locales. La implementación de esta ley obligatoria se proyecta de manera gradual en un plazo no mayor a ciento ochenta días posteriores a su promulgación oficial. Los antecedentes de esta reforma se fundamentan en las recomendaciones emitidas por los comités internacionales de derechos humanos, los cuales enfatizan que la participación activa de las familias es el pilar fundamental para superar la crisis forense y de desapariciones que afecta a la nación. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas Obligarían a mostrar montos en terminal antes de cobrar con tarjeta Exigen auditar aranceles para el Plan México