Raúl Bolaños y el alcance legal de la reforma de nacionalidad única para candidatos

Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, participa en la conducción de una discusión que puede modificar los requisitos constitucionales para llegar a los principales cargos ejecutivos de México. La Cámara de Diputados analiza este 22 de septiembre la propuesta de nacionalidad única enviada por el Ejecutivo federal.

El proyecto plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Esas disposiciones se relacionan con la Presidencia de la República, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de modo que el debate se concentra en quién puede encabezar esos poderes y con qué condiciones.

La regla central consiste en exigir que la persona sea mexicana por nacimiento y no conserve otra nacionalidad en el momento que establezca la nueva norma. Quien tenga una ciudadanía adicional tendría que renunciar a ella antes de pedir su registro como candidata o candidato.

La iniciativa también prevé obligaciones durante el ejercicio del cargo. No se podría adquirir una nacionalidad distinta, solicitarla o invocarla ante autoridades extranjeras. La diferencia entre el momento del registro y el periodo de gobierno vuelve relevante la redacción definitiva del dictamen.

No se trata, según el alcance descrito en la propuesta, de eliminar la doble nacionalidad para la población en general. Un mexicano con ciudadanía estadounidense, por ejemplo, conservaría sus derechos generales si no pretende competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.

El antecedente legislativo inmediato es la votación del 8 de septiembre en la Comisión de Puntos Constitucionales. El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención. Aun así, la comisión solo abrió el paso para que el tema sea discutido por el Pleno.

La discusión constitucional tiene una exigencia distinta a la de una ley ordinaria. El artículo 135 señala que una reforma a la Carta Magna requiere dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y después la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

Por eso una eventual aprobación en San Lázaro no cerraría el proceso. También será necesario observar el texto que salga del Congreso, porque una condición fijada antes del registro no produce necesariamente el mismo efecto que una obligación durante el mandato, y regular una nacionalidad no es idéntico a regular el uso de derechos derivados de ella.

Bolaños-Cacho Cué había llamado a procesar las posiciones encontradas mediante argumentos y respeto, mientras la Cámara también atiende el Paquete Económico 2027, comparecencias por el Segundo Informe de Gobierno y otras iniciativas del Ejecutivo. La agenda coloca la reforma dentro de una etapa legislativa de alta actividad.

El punto práctico para los ciudadanos es distinguir entre tener dos nacionalidades y aspirar a un cargo ejecutivo incluido en la propuesta. La primera situación no quedaría prohibida de forma general; la segunda podría enfrentar requisitos adicionales si el proyecto supera las votaciones de ambas cámaras y el aval de las legislaturas locales.