Por Juan Pablo Ojeda

 

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este viernes una jornada de cierres de recintos y movilizaciones callejeras en al menos 16 estados del país, exigiendo el respeto a sus derechos laborales adquiridos y la revisión de las implicaciones presupuestales derivadas de las recientes reformas constitucionales. El paro de actividades afecta de manera directa la operatividad de juzgados de distrito y tribunales colegiados en regiones clave del territorio nacional.

De acuerdo con los datos recabados en los distintos circuitos judiciales, los bloqueos concentran la participación de personal administrativo, actuarios y secretarios de acuerdos, quienes suspendieron los plazos procesales ordinarios en materias penal, civil y administrativa. Esta interrupción impacta miles de expedientes en trámite y detiene la resolución de juicios de amparo en curso.

La infraestructura afectada incluye complejos jurisdiccionales en entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. En estos puntos, los manifestantes instalaron lonas informativas y realizaron cadenas humanas para impedir el acceso vehicular y peatonal a las instalaciones del consejo de la judicatura correspondiente.

El impacto financiero y operativo de la suspensión temporal de labores se refleja en la reprogramación masiva de audiencias constitucionales y diligencias ministeriales. Los litigantes y usuarios del sistema de justicia enfrentan retrasos indefinidos en la presentación de demandas y en la ejecución de sentencias dictadas por los tribunales federales.

Organizaciones sindicales y comités de base de los trabajadores sostienen que las medidas de presión continuarán hasta obtener garantías formales sobre el pago íntegro de prestaciones, fondos de retiro y estabilidad en el empleo frente a la reestructuración orgánica que implementan los órganos directivos del sistema judicial mexicano.

Por su parte, las coordinaciones administrativas de los circuitos afectados emitieron avisos institucionales recomendando el uso de las herramientas digitales de la oficialía de partes virtual únicamente para la recepción de documentos de carácter urgente, suspendiendo los términos legales ordinarios conforme a los acuerdos generales aprobados para estos casos de contingencia.

Como antecedentes de este conflicto laboral, las fricciones entre la base trabajadora del Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo se han intensificado durante los últimos meses a raíz de la discusión y promulgación de modificaciones constitucionales que transforman radicalmente la elección y el régimen administrativo de jueces, magistrados y ministros en México.

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