Por Juan Pablo Ojeda

 

El exfiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, compareció este miércoles ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para rendir declaración ministerial en calidad de testigo. El requerimiento judicial se deriva de la carpeta de investigación federal iniciada para esclarecer la incursión y operación de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en territorio chihuahuense, detectada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en el municipio serrano de Morelos.

La diligencia formal se programó a las 10:00 horas, registrándose el arribo del exfuncionario a las oficinas ministeriales en medio de un operativo de seguridad y concentración civil. El citatorio legal incluyó de forma paralela a la gobernadora constitucional de la entidad, María Eugenia Campos Galván, quien optó por desahogar su comparecencia de manera simultánea en las oficinas centrales de la FGR localizadas en la Ciudad de México, bajo condiciones jurídicas diferenciadas.

El expediente bajo investigación tomó relevancia pública tras reportarse un accidente vial en la zona serrana donde perdieron la vida Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, su chofer asignado y dos ciudadanos estadounidenses. Las indagatorias posteriores de carácter técnico permitieron determinar que los extranjeros fallecidos, junto a dos sobrevivientes, formaban parte de la estructura de inteligencia civil del gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo con los datos validados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los dos agentes estadounidenses que sobrevivieron al percance ingresaron al país bajo estatus migratorios diferenciados. El primer reporte oficial detalla que uno de los elementos ingresó bajo la modalidad de visitante sin autorización para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo utilizó un pasaporte de tipo diplomático para cruzar la frontera.

Los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que ninguno de los cuatro oficiales extranjeros contaba con registro oficial, acreditación o autorización legal para desarrollar tareas de inteligencia, contrainteligencia o apoyo operativo dentro del territorio mexicano. Ante la falta de notificaciones formales a los canales de seguridad nacional, la cancillería mexicana solicitó formalmente a la Embajada de Estados Unidos el retiro inmediato de los dos agentes supérstites, acción que ya fue ejecutada.

La bitácora del caso detalla que el hallazgo del narcolaboratorio en la región de Morelos se realizó sin que se registraran detenciones de personas en el sitio, concentrándose las evidencias en el aseguramiento de precursores químicos y herramental de síntesis de narcóticos. Los peritajes de la FGR continúan enfocados en determinar la cadena de custodia de los materiales y la procedencia de la información cartográfica empleada en el despliegue.

El marco normativo aplicable a la presencia de agentes extranjeros en México, endurecido mediante las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sanciona penal y administrativamente la operación de agencias externas que omitan el flujo de información hacia el Estado de origen. El caso se mantiene bajo reserva procesal por parte del Ministerio Público de la Federación, en tanto concluye la ronda de entrevistas a los mandos civiles y policiales de Chihuahua.

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