Jueza procesa a Gilda Lozoya: FGR aporta 54 datos de prueba

Por Juan Pablo Ojeda

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al término de una audiencia inicial que se extendió por un lapso de 14 horas —iniciando la mañana del 7 de julio y concluyendo la madrugada de este miércoles 8 de julio de 2026—, el Poder Judicial Federal determinó que existían los elementos técnicos mínimos necesarios para sujetar a la imputada a la etapa de investigación complementaria.

Para conseguir el dictamen judicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) presentó un total de 54 datos de prueba documentales y contables. La hipótesis central de la autoridad fiscal establece que la investigada fungió como beneficiaria y presunta prestanombres de la empresa fachada Tochos Holding Limited, constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La cuantificación de los movimientos financieros bajo investigación arroja una serie de transferencias bancarias de origen irregular procedentes de una cuenta radicada en un banco suizo. Los registros ministeriales señalan que dichos fondos económicos fueron posteriormente desviados y utilizados para financiar la adquisición de un bien inmueble, ligando las operaciones directamente al esquema de corrupción institucional de la planta de Agronitrogenados.

Pese a la resolución formal del procesamiento penal, la jueza de la causa rechazó la solicitud ministerial de internamiento en prisión preventiva justificada, concediendo a Lozoya Austin el derecho a la libertad condicional. La determinación judicial se fundamentó en que la representación social no logró acreditar de manera metodológica la existencia de un riesgo inminente de sustracción de la justicia.

El catálogo de medidas cautelares impuestas a la imputada para garantizar su comparecencia física incluye la portación obligatoria de un dispositivo electrónico de localización de rastreo. Asimismo, se decretó el retiro inmediato de su pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el perímetro de la Zona Metropolitana del Valle de México y la obligación de presentarse a firmar de manera quincenal.

La juzgadora federal fijó un plazo definitivo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, determinando como fecha límite institucional el próximo 9 de noviembre de 2026. Durante este periodo, tanto la defensa particular como los agentes de la FGR contarán con la facultad de aportar nuevos registros periciales antes de que el expediente sea turnado a la etapa intermedia de juicio.

Sin embargo, el estatus de las medidas de restricción ambulatoria será evaluado de forma inmediata en una audiencia de revisión calendarizada para este jueves 9 de julio a las 09:00 horas. En dicha sesión técnica se validará si las condiciones operativas de la libertad condicional permanecen sin modificaciones estructurales o si sufren variaciones de carácter preventivo.