Incumplimiento de Ancira mantiene pendiente pago de 112 mdd por Agronitrogenados

Por Juan Pablo Ojeda

La Fiscalía General de la República (FGR) ratificó este viernes que el acuerdo reparatorio pactado por Alonso Ancira Elizondo, derivado de la compraventa con sobreprecio de la planta Agronitrogenados, presenta un incumplimiento de 112 millones 497 mil 990 dólares. El pago pendiente corresponde a la tercera y última parcialidad del convenio original que ascendía a un total de 216.6 millones de dólares, monto estipulado para resarcir el daño patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El desglose financiero de la FGR detalla que el empresario cumplió con dos entregas previas: 50 millones en noviembre de 2021 y 54.1 millones en noviembre de 2022, sumando un total de 104.1 millones cubiertos. No obstante, el tercer desembolso, originalmente programado para el 30 de noviembre de 2023, fue omitido argumentando dificultades financieras y la posterior crisis de Altos Hornos de México (AHMSA).

A pesar del incumplimiento, la fiscalía se encuentra imposibilitada para reanudar el procedimiento penal y ejecutar una orden de aprehensión inmediata contra Ancira. La dependencia informó que existen dos procedimientos de apelación pendientes de resolución en un Tribunal Colegiado, los cuales generan una suspensión automática de cualquier acción judicial definitiva tanto para el exempresario como para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El estancamiento jurídico se ha extendido tras una serie de litigios. Aunque el 19 de junio de 2026 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de un amparo promovido por Emilio «N», la existencia de los recursos de apelación vigentes mantiene el expediente en un estado de reserva jurisdiccional que impide la continuación de la etapa procesal de juicio.

El caso Agronitrogenados inició con la detención de Ancira en España en 2019 y su posterior extradición a México en 2021. Desde entonces, el acuerdo reparatorio ha sido la vía principal para evitar la prosecución de los delitos de lavado de dinero y corrupción vinculados a la transacción. Sin embargo, la quiebra financiera de AHMSA ha dejado el convenio en una situación de incertidumbre operativa y legal.

Expertos legales señalan que la reserva de la aprobación definitiva del convenio, dictada por el Juez de Control el 12 de junio de 2024, sigue siendo el factor determinante. Mientras los recursos de revisión y apelación no sean resueltos por las instancias superiores, ninguna autoridad jurisdiccional puede emitir una sentencia que ponga fin de manera irrevocable al proceso penal.

La situación actual subraya la complejidad de los procesos judiciales por corrupción en México, donde los mecanismos de defensa han logrado dilatar la resolución final durante más de cinco años. La FGR permanece a la espera de que los tribunales despejen los obstáculos procesales para decidir si procede la reactivación de la carpeta de investigación y la eventual solicitud de captura.