Auditorías cuestionan costo del Mundial 2026 ante nulo impacto en PIB

Por Juan Pablo Ojeda

La falta de un impacto económico significativo del Mundial 2026 en el crecimiento general del país ha abierto un proceso de rigurosa fiscalización sobre los recursos públicos invertidos en la remodelación de estadios y obras de conectividad urbana en las sedes mexicanas. Organizaciones de rendición de cuentas y comités de auditoría superior exigieron a los gobiernos estatales un informe transparente sobre el destino final de las partidas presupuestales asignadas al evento.

Las revisiones preliminares de las cuentas públicas señalan que las inversiones gubernamentales en infraestructura urbana superaron en un 40% los presupuestos originales presentados ante los congresos locales. Los auditores independientes cuestionaron la opacidad en la adjudicación de contratos directos para la modernización de vialidades y centros de transferencia modal cercanos a los estadios mundialistas.

Las agrupaciones anticorrupción destacaron que, a pesar de la multimillonaria derrama en el sector turístico privado, los beneficios fiscales directos para las haciendas municipales y estatales fueron menores a lo proyectado debido a exenciones temporales de impuestos otorgadas a los organizadores internacionales y patrocinadores corporativos de la FIFA.

En el ámbito legislativo, diputados de oposición anunciaron la presentación de puntos de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión exhaustiva de los fideicomisos creados para administrar los fondos de promoción turística vinculados con la justa deportiva. La exigencia busca esclarecer si se desviaron recursos destinados a programas sociales para cubrir gastos logísticos del torneo.

Por su parte, los funcionarios hacendarios defendieron la legalidad de los ejercicios presupuestales, argumentando que las obras de infraestructura urbana quedarán como un legado permanente para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes en las zonas metropolitanas sedes, más allá de la duración del campeonato de futbol.

Los antecedentes legales de la fiscalización a eventos internacionales en México muestran que los gastos extraordinarios en seguridad, logística y promoción suelen escapar a los controles ordinarios de transparencia mediante declaratorias de interés público y seguridad nacional emitidas por las administraciones en turno.

El escrutinio sobre el balance financiero de esta justa deportiva continuará en las comisiones de vigilancia de la Cámara de Diputados, donde se evaluará el impacto real del gasto público en relación con los beneficios económicos efectivamente percibidos por la hacienda federal.