Jalisco en rebeldía: Congreso y gobierno suman un año de desacato judicial

El reloj legislativo parece haberse detenido en tierras tapatías. A año y medio de que el Congreso de la Unión aprobara la histórica reforma al Poder Judicial, el gobierno y el Congreso de Jalisco continúan en flagrante desacato al no haber modificado su constitución local ni sus leyes secundarias para permitir la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

De acuerdo con el mandato publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, los congresos estatales contaban con 180 días naturales para armonizar sus marcos jurídicos. Dicho plazo expiró irremediablemente el 15 de marzo de 2025, dejando a la entidad en un limbo jurídico que este miércoles fue denunciado desde la máxima tribuna del país.

El diputado federal por Morena, Carlos Palacios Rodríguez, encendió los focos rojos al presentar un Punto de Acuerdo en San Lázaro. El objetivo es lanzar un exhorto contundente para que el Ejecutivo estatal y los legisladores jaliscienses salgan de su letargo y cumplan con la obligación constitucional que se les asignó hace más de dieciocho meses.

Para el legislador, no se trata de una simple omisión burocrática ni de que a los diputados locales se les haya ido el avión. Según sus palabras, el estado de Jalisco es de las contadas entidades que siguen nadando de a muertito frente a esta obligación legal, situación que atribuye a una estrategia política deliberada.

Palacios Rodríguez acusó frontalmente a las bancadas de Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) de mantener a las instituciones de la entidad bajo un auténtico secuestro legislativo. El motivo, señala el morenista, es la férrea intención de proteger a los poderes fácticos y conservar los privilegios de los que han gozado ciertos sectores en la región.

“Por eso presenté este Punto de Acuerdo, para que desde la Alta Tribuna de la Cámara de Diputados se exhorte tanto al Gobierno de Jalisco, como al Congreso local para que cumplan con sus obligaciones constitucionales», sentenció el diputado, dejando claro que la democratización del Poder Judicial no es opcional ni está sujeta a contentillos locales.

El meollo del asunto va más allá de un simple tirón de orejas institucional. De mantenerse esta actitud de resistencia administrativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría plenas facultades para entrar al quite de manera supletoria y tomar las riendas del proceso.

Esto significaría que, para los comicios de 2027, el órgano electoral aplicaría directamente la legislación federal para organizar la elección de los juzgadores en Jalisco, haciendo a un lado a los poderes locales que decidieron patear el bote en lugar de arrastrar el lápiz y legislar.

La pelota está ahora en la cancha del Congreso jalisciense, que deberá decidir si acata el mandato federal o si prefiere ceder el control de su proceso electoral judicial a las autoridades nacionales. Mientras tanto, los ciudadanos siguen a la espera de que la justicia no se quede atorada en el tráfico de la politiquería.