Por Bruno Cortés Casi tres décadas después de su creación, el Fobaproa volvió a la agenda política. El 11 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de abrir los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero de aquel fondo, y el 17 de noviembre la senadora Lilly Téllez (PAN) presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para que las autoridades financieras revisen, inventaríen y publiquen los expedientes del rescate bancario. La petición quedó pendiente para la próxima sesión del Senado, prevista para el martes 24 de noviembre. Pero ¿qué fue exactamente el Fobaproa, por qué su costo sigue en el presupuesto y qué significa «abrir los expedientes»? Esta guía reúne lo esencial con cifras oficiales vigentes. Qué fue el Fobaproa El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) nació con la Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Su artículo 122 ordenó que el Banco de México administrara un fideicomiso con ese nombre, cuya finalidad era realizar operaciones preventivas para evitar problemas financieros en los bancos y proteger a los ahorradores. En otras palabras, era un fondo de contingencia: si un banco se quedaba sin liquidez o se volvía insolvente, el Fobaproa podía inyectarle capital o comprarle cartera para evitar que los depositantes perdieran su dinero y que la quiebra contagiara al resto del sistema. La crisis de 1994 y el rescate bancario El fondo se activó a gran escala tras la crisis que estalló en diciembre de 1994. La devaluación del peso y el alza abrupta de las tasas de interés dispararon la cartera vencida: miles de familias y empresas dejaron de pagar créditos hipotecarios, de consumo y empresariales, y varios bancos quedaron al borde de la quiebra. A partir de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo usó el Fobaproa para varios programas: capitalización y compra de cartera (el fondo recibía créditos de difícil cobro a cambio de pagarés), saneamientos financieros de bancos intervenidos, programas de apoyo a deudores y la liquidación de instituciones que ya no eran viables. El costo fue enorme. En marzo de 1998, el Ejecutivo envió al Congreso iniciativas para reconocer como deuda pública directa unos 552,300 millones de pesos de pasivos del rescate, una cifra que diversos análisis equiparan a cerca de 11% del tamaño de la economía de entonces. Del Fobaproa al IPAB: cómo se convirtió en deuda pública Las iniciativas originales fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. Tras meses de debate, se acordó una auditoría externa a las operaciones del fondo, encargada al auditor canadiense Michael Mackey, y en noviembre de 1998 se presentó una nueva propuesta: la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Esa ley se aprobó en diciembre de 1998 con los votos del PRI y del PAN, mientras el PRD votó en contra y promovió movilizaciones y una consulta contra el rescate. El decreto lleva fecha del 13 de diciembre de 1998 y se publicó en el Diario Oficial el 19 de enero de 1999. Con ella se creó el IPAB, que asumió los pasivos del Fobaproa y los convirtió en obligaciones respaldadas por el gobierno federal. Las cifras oficiales del IPAB permiten ver el tamaño de lo que heredó: al 31 de diciembre de 1999 sus pasivos totales sumaban 723,563 millones de pesos, de los cuales 369,411 millones correspondían a saneamientos financieros, 164,138 millones a pasivos de instituciones en liquidación, 150,445 millones a programas de capitalización y compra de cartera, y 16,501 millones a programas de deudores. FechaHecho18-jul-1990Se publica la Ley de Instituciones de Crédito; su art. 122 crea el FobaproaDic-1994Estalla la crisis financiera; se dispara la cartera vencida1995-1998El Fobaproa capitaliza bancos, compra cartera y sanea instituciones31-mar-1998El Ejecutivo propone convertir 552,300 millones en deuda públicaDic-1998El Congreso aprueba la Ley de Protección al Ahorro Bancario19-ene-1999Se publica la ley y nace el IPAB30-sep-2026La deuda neta del IPAB es de 1,020,157 millones de pesos Qué es el IPAB y qué hace hoy El IPAB es un organismo descentralizado de la administración pública federal con dos tareas centrales. La primera es administrar el seguro de depósitos: si un banco quiebra, el instituto devuelve a cada ahorrador hasta 400,000 Unidades de Inversión (UDIS) por persona y por banco, de acuerdo con el artículo 11 de su ley. Con el valor de la UDI del 21 de noviembre de 2026 (8.923181 pesos), eso equivale a unos 3.57 millones de pesos. El trámite es automático y gratuito. La segunda tarea es administrar y refinanciar la deuda heredada del rescate. Para ello emite Bonos de Protección al Ahorro (BPAS), que tienen el respaldo implícito del gobierno federal, y recibe cuotas que pagan los propios bancos. Cuánto se debe todavía De acuerdo con el reporte del propio IPAB sobre la evolución de sus pasivos, al 30 de septiembre de 2026 su deuda neta asciende a 1,020,157 millones de pesos, es decir, poco más de un billón. Esa cifra equivale a 2.75% del PIB estimado por Hacienda para el tercer trimestre de 2026. La comparación con 1999 explica por qué el tema genera lecturas tan distintas. En pesos corrientes, la deuda es mayor que los 687,844 millones de diciembre de 1999. Pero en términos reales, es decir, descontando la inflación, es 54.99% menor, y como proporción de la economía bajó de 10.78% a 2.75% del PIB. Quienes critican el rescate subrayan que, pese a décadas de pagos, el saldo nominal no ha desaparecido; quienes defienden la estrategia de refinanciamiento subrayan que la carga real se ha reducido. Cómo se paga: cuotas bancarias y presupuesto Los bancos pagan al IPAB una cuota ordinaria equivalente a 4 al millar anual sobre sus operaciones pasivas. Por ley, 25% de esas cuotas alimenta el fondo del seguro de depósitos y el 75% restante se destina a atender la deuda del rescate. Lo que no alcanzan a cubrir esas cuotas y los refinanciamientos se paga con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por eso el Fobaproa aparece cada año en el debate presupuestal. Para 2027, Hacienda calcula cerca de 48 mil millones de pesos de recursos presupuestarios vinculados con las obligaciones del IPAB, una partida que forma parte de el Presupuesto de Egresos 2027 aprobado este mes. El refinanciamiento, a su vez, se autoriza en la Ley de Ingresos 2027, que faculta al instituto a emitir valores para canjear sus obligaciones. Como la deuda se renueva con bonos, su costo también depende de las tasas de interés que fija el Banco de México. Qué piden ahora: el punto de acuerdo en el Senado La proposición de Lilly Téllez, presentada el 17 de noviembre, pide al IPAB elaborar un inventario público de los expedientes del Fobaproa y del rescate (con su contenido, periodo, ubicación, estado de conservación y situación de acceso) y publicar en formatos abiertos las versiones públicas de actas, contratos, convenios, pagarés, operaciones de compra de cartera y datos de las instituciones y personas morales beneficiarias. También solicita a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transparentar los documentos fiduciarios y las evaluaciones de los bancos apoyados, revisar las reservas de información vigentes y no invocar el secreto bancario o fiduciario de forma genérica cuando haya recursos públicos de por medio. A la Auditoría Superior de la Federación le pide un informe de seguimiento de las 110 auditorías realizadas al rescate, de las que derivaron 238 observaciones y 323 acciones promovidas. El 18 de noviembre, la senadora pidió desde su escaño que el asunto se tratara de urgente resolución; la Mesa Directiva lo consideró para la siguiente sesión. Días antes, el 11 de noviembre, Sheinbaum había dicho en su conferencia matutina que «estaría muy bien» abrir los archivos del IPAB, al responder a un planteamiento del empresario Ricardo Salinas Pliego, y preguntó al secretario de Hacienda si era factible hacerlo. Al cierre de esta edición no se había anunciado una apertura formal de archivos. Qué significa «abrir los expedientes» y qué límites hay Un punto de acuerdo es un pronunciamiento del Senado: si se aprueba, exhorta o solicita a las autoridades actuar, pero no las obliga legalmente ni modifica ninguna ley. Para que la apertura ocurra, las dependencias tendrían que hacer sus propias revisiones y decidir qué información es pública conforme a la legislación de transparencia. El principal obstáculo legal es el secreto bancario previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, que protege la información de los clientes de los bancos, además de las reservas por datos personales o procesos judiciales. La discusión de fondo es si ese secreto debe ceder cuando se trata de operaciones que terminaron pagándose con recursos públicos. No sería la primera vez que se difunde información del rescate. En 2001, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dio a conocer una lista de alrededor de 745 personas y empresas incluidas en el acta de entrega del Fobaproa al IPAB, y la auditoría Mackey documentó miles de operaciones «reportables». Sin embargo, nunca se ha publicado un inventario completo y verificado de todos los expedientes, que es justamente lo que ahora se plantea. Preguntas frecuentes ¿El Fobaproa todavía existe? No como fondo. Fue sustituido por el IPAB con la Ley de Protección al Ahorro Bancario de 1999, que asumió sus pasivos y los sigue administrando. ¿Cuánto se debe del Fobaproa en 2026? La deuda neta del IPAB era de 1,020,157 millones de pesos al 30 de septiembre de 2026, equivalente a 2.75% del PIB, según el propio instituto. ¿Mi dinero en el banco está protegido por el IPAB? Sí, si se trata de depósitos en bancos (instituciones de banca múltiple): el seguro cubre hasta 400,000 UDIS por persona y por banco, alrededor de 3.57 millones de pesos al 21 de noviembre de 2026. No cubre fraudes ni robo de identidad. ¿Quién votó a favor del rescate en 1998? La Ley de Protección al Ahorro Bancario se aprobó con los votos del PRI y del PAN; el PRD votó en contra. ¿Qué pasa si el Senado aprueba el punto de acuerdo? Se enviaría una solicitud formal al IPAB, Hacienda, Banxico, la CNBV y la ASF. Es un exhorto sin efectos obligatorios: cada autoridad decidiría qué información puede publicar según la ley. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas COP31 en Antalya: qué se negoció y qué compromete México Extradición a EU: cómo funciona y en qué difiere de un envío