Expedientes sin texto sobre una mesa en una sala judicial vacía, en una ilustración.

Por Bruno Cortés

Este viernes 20 de noviembre de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un gran jurado federal en Del Rio, Texas, presentó una acusación formal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana. Cinco de ellos ya están bajo custodia en ese país; los otros 16 son considerados prófugos y, según las autoridades estadounidenses, se encontrarían en México. Para llevarlos ante un tribunal de Texas, la vía legal ordinaria es la extradición.

¿Qué es exactamente una extradición? ¿Quién la decide en México, cuánto tarda y por qué un mexicano puede ser entregado a otro país? ¿En qué se diferencia de los envíos masivos de reos que el gobierno federal ha realizado desde 2025? Aquí lo explicamos con base en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y el tratado bilateral vigente.

Qué es la extradición

La extradición es el procedimiento por el cual un Estado entrega a otro a una persona que se encuentra en su territorio y que es requerida para ser juzgada o para cumplir una condena. No es un favor político ni una deportación: es un trámite regulado, con plazos, autoridades definidas y derechos para la persona reclamada.

En México, su base está en el tercer párrafo del artículo 119 de la Constitución, que establece que las extradiciones solicitadas por un Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con intervención de la autoridad judicial, en los términos de la propia Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes reglamentarias. El mismo artículo prevé que el auto del juez que mande cumplir la petición basta para justificar la detención hasta por 60 días naturales.

La ley reglamentaria es la Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1975 y cuya última reforma data del 20 de mayo de 2021. Cuando existe un tratado con el país que pide a la persona, como ocurre con Estados Unidos, se aplica primero lo que establece ese tratado y la ley funciona de manera complementaria.

El tratado entre México y Estados Unidos

El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América se firmó en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1978 y entró en vigor el 25 de enero de 1980. Define qué delitos dan lugar a la entrega, qué documentos deben acompañar la solicitud y en qué casos puede negarse.

Un punto clave es el de los nacionales. El artículo 9 del tratado señala que ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios ciudadanos, pero que el Poder Ejecutivo del país requerido puede hacerlo, a su discreción, si sus leyes no se lo impiden. En la misma línea, el artículo 14 de la ley mexicana dispone que ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. En la práctica, esa excepción se ha aplicado de forma reiterada en casos de narcotráfico.

Paso a paso: cómo se tramita una extradición en México

El procedimiento combina una fase diplomática, una judicial y una decisión final del Ejecutivo. De forma resumida, la ley prevé estas etapas:

  • Detención provisional. Si el país solicitante anuncia que presentará una petición formal y pide medidas urgentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transmite la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), que pide a un juez de distrito la detención provisional con fines de extradición (artículo 17 de la ley).
  • Petición formal. El Estado solicitante tiene dos meses, contados desde que se ejecutan las medidas, para presentar la petición formal ante la SRE. Si no lo hace, las medidas se levantan de inmediato (artículo 18).
  • Fase judicial. Admitida la petición, la SRE envía el expediente a la FGR, que promueve ante el juez de distrito la orden de detención (artículo 21). La persona detenida comparece ante el juez, conoce la petición y dispone de hasta tres días para oponer excepciones, que la ley limita a dos: que la solicitud no se ajuste al tratado o a la ley, o que no sea la persona reclamada; después cuenta con 20 días, ampliables por el juez, para probarlas (artículo 25).
  • Opinión del juez. Concluida esa etapa, el juez tiene cinco días para enviar a la SRE su opinión jurídica (artículo 27). Si la persona no se opone o consiente su extradición, el plazo es de tres días (artículo 28).
  • Decisión de la SRE. Con el expediente y la opinión judicial, la SRE resuelve en un plazo de 20 días si concede o niega la extradición (artículo 30). Si la concede, esa resolución solo puede impugnarse mediante juicio de amparo (artículo 33).
  • Entrega. La FGR entrega a la persona a los agentes del país solicitante en un puerto fronterizo o a bordo de la aeronave en que viajará (artículo 34). Si el Estado solicitante no se hace cargo de ella en 60 días naturales, recobra su libertad y no puede volver a ser detenida por el mismo delito (artículo 35).

Aunque los plazos de cada etapa son cortos, el proceso completo puede durar meses o años, sobre todo cuando la defensa recurre al amparo, que puede llegar hasta tribunales colegiados o la Suprema Corte.

Las garantías: lo que México exige al país solicitante

El artículo 10 de la ley obliga al Estado que pide la extradición a comprometerse, entre otras cosas, a otorgar reciprocidad, a no juzgar a la persona por delitos distintos de los señalados en la petición, a garantizarle un tribunal previamente establecido y el derecho de defensa, y a no aplicar la pena de muerte: si el delito se castiga con esa pena en el país solicitante, solo podrá imponerse prisión u otra sanción menor.

La ley también fija límites. No se concede la extradición si la persona ya fue absuelta, indultada o cumplió su condena por ese delito, si la acción penal prescribió o si el delito se cometió dentro de la jurisdicción de los tribunales mexicanos (artículo 7). Tampoco procede cuando la persona pueda ser objeto de persecución política en el país solicitante (artículo 8), un supuesto que se relaciona con figuras de protección como el asilo; en esta casa editorial explicamos cómo se otorga el asilo político en México.

Extradición no es lo mismo que envío o traslado

Desde 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a grupos de presuntos integrantes de organizaciones criminales sin seguir el procedimiento de extradición. Ocurrió el 27 de febrero de 2025, con 29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero; el 12 de agosto de 2025, con 26, y el 20 de enero de 2026, con 37. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que con ese último traslado sumaban 92 personas, y que Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte.

AspectoExtradiciónEnvío o traslado (2025-2026)
FundamentoArtículo 119 constitucional, tratado bilateral y Ley de Extradición InternacionalLey de Seguridad Nacional y mecanismos de cooperación bilateral, según el gobierno federal
Quién intervieneSRE, FGR, juez de distrito; decisión final de la SREGabinete de Seguridad
Defensa de la personaPuede oponer excepciones y promover amparo contra la resoluciónNo hay una audiencia de extradición previa
DuraciónMeses o añosSe ejecuta en una sola operación
Garantía sobre pena de muerteExigida por la ley (artículo 10)Compromiso informado por el gobierno en cada envío

En agosto de 2025, la FGR y la Secretaría de Seguridad aclararon que en esos traslados no se aplicó la Ley de Extradición. El gobierno sostiene que se actuó conforme a la ley y con respeto a la soberanía, al tratarse de personas que representaban una amenaza para la seguridad del país. Algunos especialistas han cuestionado que se prescinda del control judicial propio de la extradición. Sobre ese marco legal, puede consultarse qué dice la Ley de Seguridad Nacional sobre agentes extranjeros.

Qué puede pasar con los 16 prófugos de La Nueva Familia Michoacana

La acusación presentada en Texas incluye 14 cargos, entre ellos conspiración bajo la ley RICO contra el crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes con resultado de muerte, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera. La Nueva Familia Michoacana fue designada como tal por el gobierno estadounidense el 20 de febrero de 2025; sobre las implicaciones de esa etiqueta, explicamos qué cambia cuando un cártel es tratado como organización terrorista.

Entre los acusados figuran los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, señalados como líderes de la organización. Para que alguno de los prófugos llegue a una corte estadounidense, primero tendría que ser localizado y detenido. A partir de ahí hay tres escenarios posibles: que Estados Unidos pida su extradición y se siga el procedimiento descrito; que, si tiene causas pendientes en México, su entrega se difiera hasta que concluyan, como prevé el artículo 11 de la ley, o que el gobierno decida incluirlo en un traslado como los realizados desde 2025.

Si la persona es procesada en México, las reglas del sistema penal mexicano, incluidas medidas como la prisión preventiva oficiosa, se aplican antes de cualquier entrega. Nada de esto es automático: la acusación formal en Estados Unidos es el punto de partida, no el final del camino.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una acusación formal de un gran jurado?

En el sistema federal estadounidense, los cargos por delitos graves suelen presentarse mediante una acusación formal (indictment) que vota un gran jurado tras revisar las pruebas de la fiscalía. No es una sentencia: abre el proceso y permite pedir la detención y la extradición de los acusados.

¿México puede negarse a extraditar a un mexicano?

Sí. Ni el tratado ni la ley obligan a entregar a nacionales; la ley lo permite solo en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. Si se niega la extradición únicamente por ser mexicano, la SRE debe remitir el caso a la FGR para que se valore un proceso en México.

¿Cuánto tiempo puede estar detenida una persona antes de la petición formal?

La Constitución permite la detención hasta por 60 días naturales con base en el auto del juez, y la ley da al país solicitante dos meses para presentar la petición formal; si no lo hace, la persona queda libre de esas medidas.

¿Quién decide al final?

La Secretaría de Relaciones Exteriores, con base en la opinión del juez de distrito. Su resolución puede impugnarse mediante amparo.

¿Un extraditado puede recibir la pena de muerte en Estados Unidos?

México exige al país solicitante el compromiso de no aplicarla; si el delito se castiga con esa pena, solo podrá imponerse prisión u otra sanción menor.

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