Prisión preventiva oficiosa: qué delitos la ameritan y caso INE

Por Bruno Cortés

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará que quienes resulten imputados por la presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenten acusaciones que se sancionen con prisión preventiva, según publicó La Jornada este domingo 15 de noviembre con base en información de funcionarios de la Fiscalía. La frase abre una pregunta que va más allá del caso: ¿cuándo puede una persona quedar en la cárcel mientras se le juzga y cuándo ocurre de forma automática?

Esta guía explica qué es la prisión preventiva oficiosa, qué delitos la ameritan según la Constitución vigente, en qué se distingue de la justificada, por qué la Corte Interamericana la cuestionó y qué implica para la investigación del INE.

Prisión preventiva: la regla y la excepción

La prisión preventiva es una medida cautelar: mantiene a una persona en reclusión durante el proceso penal, antes de que exista sentencia. No es una pena. El artículo 19 de la Constitución prevé dos modalidades:

• Justificada. El Ministerio Público la pide al juez solo cuando otras medidas cautelares, como la firma periódica, el brazalete o la prohibición de salir del país, no bastan para asegurar que el imputado comparezca, proteger a víctimas o testigos o no entorpecer la investigación. El juez decide caso por caso.
• Oficiosa. El juez la ordena de manera automática cuando el delito imputado está en la lista del propio artículo 19, sin evaluar si hay riesgo de fuga u otro peligro concreto.

En ambos casos hay un tope: según el artículo 20, apartado B, fracción IX, la prisión preventiva no puede durar más que la pena máxima del delito y en ningún caso más de dos años, salvo que la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.

Qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa

El catálogo ha crecido con varias reformas: el párrafo se modificó en 2011, 2019, diciembre de 2024 y abril de 2025, según el texto vigente de la Constitución, cuya última reforma se publicó el 7 de octubre de 2026. Hoy incluye, entre otros:

El mismo párrafo ordena que estas normas se apliquen de forma literal y prohíbe cualquier interpretación que pretenda inaplicarlas o suspenderlas. Esa cláusula se incorporó en las reformas más recientes y busca impedir que los jueces dejen de aplicar la medida. Conductas como las que se investigan por huachicol fiscal pueden encuadrar en la lista, que incluye el contrabando, los falsos comprobantes fiscales y los delitos en materia de hidrocarburos.

El cuestionamiento de la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en dos casos por la prisión preventiva automática: Tzompaxtle Tecpile y otros, con sentencia del 7 de noviembre de 2022, y García Rodríguez y otro, del 25 de enero de 2023. En ambos concluyó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al Estado adecuar su ordenamiento.

El Congreso tomó el camino contrario y amplió el catálogo. Los defensores de la medida sostienen que evita que personas acusadas de delitos graves evadan la justicia o intimiden a víctimas; sus críticos, entre ellos organismos de derechos humanos, afirman que vulnera la presunción de inocencia porque encarcela sin valorar el caso concreto. El debate sigue abierto y forma parte de la tensión entre la Constitución y los tratados internacionales.

El caso INE: qué investiga la FGR

Según La Jornada del 15 de noviembre, la FGR indaga en tres vertientes y ha abierto 15 carpetas de investigación:

• Corrupción en contratos, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, y que concentra la mayor parte de las carpetas.
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que dirige César Oliveros Aparicio, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.
• Un posible oligopolio en la venta de material electoral, a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional, que encabeza David Boone de la Garza, con penas que, según el diario, irían de cinco a 10 años de prisión.

La presidenta interina del INE, Blanca Cruz, confirmó el 13 de noviembre que la FGR realizó diligencias en las oficinas centrales del instituto y en la sede de la Torre Zafiro, según Expansión. Las denuncias provienen de varios actores: el 6 de noviembre las consejerías del INE presentaron una ante la FGR, y el Órgano Interno de Control informó de seis denuncias por uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho. PAN y PRI agregaron señalamientos por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los detalles de esa denuncia están en nuestra explicación del caso ante la FGR.

¿Prisión automática en el caso INE? Lo que dice la letra

Al cruzar la lista de denuncias con el artículo 19 aparece un punto que suele pasar inadvertido: la mayoría de los delitos señalados hasta ahora no figuran por nombre en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. La Constitución solo incluye, en materia de corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. El cohecho, el tráfico de influencias, el uso ilícito de atribuciones o las operaciones con recursos de procedencia ilícita no están en la lista por sí mismos.

Eso no impide que alguien termine en prisión durante el proceso. Hay dos vías: que la FGR impute delitos que sí están en el catálogo, como delincuencia organizada o enriquecimiento ilícito, o que solicite prisión preventiva justificada y convenza al juez de que existe riesgo de fuga o de obstaculización. Por eso la frase de que se buscarán acusaciones «que se sancionen con prisión preventiva» depende de cómo se integren las carpetas.

Hasta este 15 de noviembre no se ha informado de órdenes de aprehensión ni de personas vinculadas a proceso por el caso. Todas las personas señaladas gozan de la presunción de inocencia, y la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo funcionamiento explicamos en nuestra guía sobre la lista de personas bloqueadas, puede aportar información financiera a la investigación.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

Es la reclusión que el juez ordena de forma automática durante el proceso penal cuando el delito imputado está en la lista del artículo 19 de la Constitución, sin analizar el riesgo en el caso concreto.

¿Cuánto puede durar la prisión preventiva?

No más que la pena máxima del delito y nunca más de dos años, salvo que el retraso se deba a la defensa del imputado, según el artículo 20 constitucional.

¿La corrupción amerita prisión preventiva oficiosa?

Solo en dos supuestos: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Para otros delitos de corrupción, la Fiscalía debe pedir prisión preventiva justificada.

¿Ya hay detenidos por el caso INE?

Hasta el 15 de noviembre de 2026 no se ha informado de detenciones ni vinculaciones a proceso; la FGR mantiene 15 carpetas de investigación, según La Jornada.