Mecanismo de protección a periodistas: cómo funciona y límites

Por Bruno Cortés

La organización Artículo 19 denunció el 9 de noviembre de 2026 que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, estigmatizó al periodista Diego Soto durante su «conferencia para el pueblo» del 28 de octubre. Soto, corresponsal de Milenio en el estado según Infobae, es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la organización pidió a esa instancia revisar y actualizar sus medidas de protección.

El caso abre una pregunta útil: ¿qué es ese mecanismo, quién puede pedir su protección, qué medidas otorga y cuáles son sus límites? Esta guía lo explica con base en la ley que lo creó y en los datos públicos más recientes.

Qué pasó en Baja California Sur

De acuerdo con Artículo 19, al responder una pregunta sobre nepotismo, el gobernador se dirigió al periodista: «qué bueno que veniste, porque tú eres de los que tiran la piedra y esconden la mano», y lo acusó de «utilizar un teléfono para calumniar y ofender». En la misma conferencia dijo que buscaba «las ligas» de algunas personas que, según él, hacen «trabajo sucio» contra su gobierno, para exhibirlas «antes de irme».

La pregunta tenía que ver con el cargo y el salario de su hija en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según Infobae, Castro Cosío aceptó que ella gana más que él, pero sostuvo que ingresó al IMSS antes de que asumiera la gubernatura; también afirmó que tiene «la conciencia limpia» y que la libertad de expresión tiene límites. Artículo 19 recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los funcionarios abstenerse de declaraciones que aumenten el riesgo para la prensa. El debate sobre listas de medios críticos ya había surgido antes a nivel federal, como se reseñó en esta nota sobre el rechazo a las listas de periodistas.

Qué es el Mecanismo de Protección

El mecanismo nació con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 2012 y reformada por última vez el 28 de abril de 2022. Lo opera la Secretaría de Gobernación (Segob) y tiene tres órganos (artículo 3):

• Junta de Gobierno: la instancia máxima, con nueve integrantes con voz y voto: representantes de Segob, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más cuatro integrantes del Consejo Consultivo. Sus resoluciones obligan a las autoridades federales.
• Consejo Consultivo: órgano de consulta de nueve consejeras y consejeros, con paridad y equilibrio entre personas expertas en derechos humanos y en libertad de expresión y periodismo (artículo 9).
• Coordinación Ejecutiva Nacional: el área operativa, con tres unidades: Recepción de Casos y Reacción Rápida, Evaluación de Riesgos, y Prevención, Seguimiento y Análisis.

Quién puede pedir protección y cómo

La ley define a los periodistas de forma amplia: personas y medios públicos, comunitarios, privados, independientes o universitarios cuyo trabajo sea recabar, procesar, opinar o difundir información por cualquier medio, incluido el digital. También protege a las personas defensoras de derechos humanos y, si la evaluación lo determina, a sus familiares, colegas y bienes (artículo 24). La solicitud requiere el consentimiento de la persona que será protegida (artículo 25).

Hay dos vías:

Qué medidas otorga

• Urgentes: evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados y protección de inmuebles (artículo 32).
• De protección: teléfonos celulares, radios o telefonía satelital; cámaras, cerraduras y luces en domicilios u oficinas; chalecos antibalas, detectores de metales y autos blindados (artículo 33).
• Preventivas: manuales, cursos de autoprotección y acompañamiento de observadores (artículo 34).

La ley establece que las medidas no pueden restringir las actividades de las personas beneficiarias ni implicar vigilancia o intrusiones no deseadas en su vida (artículo 30), y que se acuerdan con ellas. Pueden retirarse si se usan de forma indebida, deliberada y reiterada (artículos 36 y 37). Además, el servidor público que use o divulgue información del mecanismo para perjudicar a una persona protegida enfrenta de dos a nueve años de prisión (artículo 66).

Cuántas personas protege y qué críticas enfrenta

Las cifras públicas no coinciden. El 21 de agosto de 2026, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo en la conferencia matutina que el mecanismo atiende a «cerca de 3 mil personas» entre periodistas y defensores, reconoció deficiencias y anunció que terminaría el contrato con la empresa RCU Sistemas, que implementa buena parte de las medidas. En una columna publicada en POPLab en octubre, se afirma que al corte de agosto había 2 mil 47 personas incorporadas, cifra que podría crecer si se suman familiares beneficiarios indirectos.

El contexto es delicado. En su informe anual, presentado el 6 de mayo de 2026, Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa durante 2025, entre ellas siete asesinatos de periodistas en posible relación con su labor y 62 casos de discurso estigmatizante; en 227 casos atribuyó responsabilidad a algún nivel de gobierno, sobre todo al estatal. Otros recuentos y reclamos del gremio se reseñan en el informe sobre periodistas y defensores asesinados, en el llamado de más de 40 medios y en el caso del periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca.

Una crítica recurrente es que el mecanismo es federal y depende de la cooperación de estados y municipios, donde se concentran muchas agresiones. En 2022, el entonces responsable del mecanismo planteó ante diputados la necesidad de una ley general que obligue también a las autoridades locales; la ley vigente sigue siendo federal. Desde el gobierno se ha insistido en que el respeto a la libertad de expresión «no es una concesión, es una obligación del Estado», en palabras de Rodríguez.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede solicitar protección al mecanismo?

Periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos que enfrenten agresiones por su labor. La protección puede extenderse a familiares y colegas si la evaluación de riesgo lo determina.

¿Cuánto tarda en llegar la protección?

En casos de riesgo alto, la ley fija hasta 3 horas para emitir medidas urgentes y hasta 9 horas para implementarlas. En el procedimiento ordinario, el estudio de riesgo debe hacerse en 10 días naturales.

¿El mecanismo puede sancionar a un gobernador?

No. Su función es proteger a las personas en riesgo. Las posibles responsabilidades de un servidor público corresponden a las fiscalías, a los órganos de control o a otras instancias.

¿Qué pidió Artículo 19 en el caso de Diego Soto?

Que el gobernador de Baja California Sur se abstenga de estigmatizar a la prensa y que el mecanismo actualice las medidas de protección del periodista, considerando el contexto de riesgo en el estado.