La controversia por las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya llegó a los tribunales.

Al menos siete aspirantes han promovido juicios de amparo contra las decisiones de la Universidad, entre ellas la invalidación de resultados, la suspensión temporal de inscripciones y la aplicación de un nuevo Examen de Control Presencial.

La UNAM determinó repetir la evaluación después de detectar conductas irregulares durante el examen de admisión en línea, entre ellas el uso de herramientas tecnológicas, suplantación de identidad y otros mecanismos para alterar el proceso. La nueva prueba será presencial y está programada entre el 12 y el 19 de agosto de 2026.

La medida afecta a alrededor de 58 mil aspirantes, quienes deberán demostrar nuevamente sus conocimientos para conservar o disputar un lugar en la Universidad.

¿Por qué los aspirantes interpusieron amparos?

Las demandas cuestionan distintas decisiones adoptadas por la UNAM después de que se invalidaran los resultados del examen de admisión.

Entre los actos reclamados se encuentran:

  • La cancelación o invalidación de resultados del examen de ingreso.
  • La suspensión temporal de los procesos de inscripción.
  • La negativa de recibir documentación para completar la matriculación.
  • La obligación de presentar un nuevo examen presencial.
  • La modificación de los resultados obtenidos durante el proceso de selección.

De acuerdo con la información de los expedientes judiciales revisados por Expansión Política, los recursos fueron presentados ante juzgados de distrito de la Ciudad de México.

Hasta el 6 de agosto, la mayoría de los casos todavía se encontraba en etapas iniciales. Algunos juzgados solicitaron información adicional a los promoventes para precisar los actos reclamados y determinar si las demandas podían ser admitidas.

Esto significa que presentar un amparo no implica que un juez haya concedido la protección ni que el examen de control haya sido suspendido.

¿Un amparo puede detener el examen de control?

El abogado Jesús Segovia, especialista en materia de amparo, explicó que para frenar la aplicación de la nueva evaluación tendría que existir, entre otros elementos, una demanda admitida y una resolución judicial que concediera una suspensión.

La suspensión es una medida cautelar que puede impedir temporalmente que se ejecute el acto reclamado mientras continúa el juicio.

Sin embargo, el especialista también señaló que el escenario es complicado debido a los tiempos judiciales y a que la nueva evaluación comenzará la próxima semana.

La discusión jurídica se concentra en determinar si la Universidad actuó conforme a sus atribuciones y respetó el debido proceso al invalidar resultados y exigir una nueva evaluación.

La UNAM, por su parte, ha sostenido que el examen de control constituye un mecanismo para verificar los resultados obtenidos en el proceso original y garantizar condiciones de igualdad entre los aspirantes.

“La UNAM debió prevenir las irregularidades”

Uno de los argumentos de los estudiantes inconformes es que la Universidad tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad del proceso desde el momento en que diseñó y contrató el mecanismo de aplicación del examen.

Segovia plantea que corresponde a la institución acreditar que utilizó mecanismos adecuados para prevenir, detectar y atender las irregularidades y que, cuando identificó posibles conductas indebidas, debió seguir procedimientos que permitieran informar a los afectados y garantizar su derecho de defensa.

Desde esta perspectiva, presentar un amparo no significa necesariamente defender una conducta irregular. El argumento de los aspirantes es que buscan cuestionar la forma en que la Universidad respondió a las anomalías detectadas.

La discusión, por tanto, se encuentra en dos planos: la necesidad de preservar la integridad del proceso de admisión y el derecho de los aspirantes que aseguran haber obtenido legítimamente sus resultados.

El examen que originalmente presentó la UNAM

Para el proceso de admisión 2026-2027, la UNAM aplicó por primera vez su examen de ingreso a licenciatura de manera completamente en línea.

En total, alrededor de 158 mil aspirantes realizaron la evaluación.

Posteriormente, la Universidad detectó resultados atípicos y diversas irregularidades. Una comisión integrada por 16 especialistas analizó el proceso y recomendó aplicar un examen presencial para verificar los resultados.

El análisis detectó, entre otros elementos, una proporción inusualmente elevada de puntajes altos. La institución decidió entonces establecer un mecanismo de control antes de confirmar definitivamente los lugares de nuevo ingreso.

La UNAM también informó que el examen de control no pretende evaluar nuevamente a todos los participantes, sino verificar los resultados de los aspirantes considerados dentro de los criterios establecidos por la comisión técnica.

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

La nueva evaluación se realizará de manera presencial entre el 12 y el 19 de agosto.

Las sedes anunciadas son:

  • León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.
  • Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.
  • Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.
  • Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

Los aspirantes convocados deben consultar la información correspondiente en el sistema oficial de la UNAM para conocer la sede, fecha y condiciones específicas de su evaluación.

La Universidad también modificó el calendario para estudiantes de nuevo ingreso. Mientras el resto de los niveles iniciará actividades en la fecha prevista, el comienzo de clases para quienes dependen de este proceso fue trasladado al 31 de agosto.

Aspirantes foráneos cuestionan las sedes

La decisión de concentrar el examen en cuatro ciudades también generó inconformidad entre estudiantes que viven fuera de esas zonas.

Para algunos aspirantes de estados como Yucatán, trasladarse hasta Ciudad de México u Oaxaca representa un gasto adicional en transporte, alimentación y, eventualmente, hospedaje.

Los estudiantes argumentan que la medida genera una carga desigual, particularmente porque la decisión de repetir la evaluación no fue consecuencia de sus propias acciones.

La UNAM, sin embargo, mantiene el esquema de sedes establecido para la aplicación presencial y ha señalado que los aspirantes deben revisar la información oficial correspondiente a su convocatoria.

El conflicto también alcanza a Territorium Life

La controversia por el examen llevó a la UNAM a revisar la relación contractual con Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de proporcionar la plataforma utilizada para los exámenes de ingreso en línea.

La Universidad anunció la terminación anticipada del contrato y la realización de tres auditorías para revisar diferentes aspectos del proceso.

Una de ellas será de carácter tecnológico y analizará el funcionamiento del sistema utilizado para aplicar las evaluaciones.

También se realizará una auditoría interna de la propia Universidad y se solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la contratación.

El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, explicó que las revisiones buscan determinar si existieron responsabilidades y conocer las causas de las anomalías detectadas. La institución ha señalado que no busca responsabilizar a la empresa sin contar con elementos técnicos que sustenten una conclusión.

Un contrato de más de 69 millones de pesos

La controversia también puso bajo revisión el aspecto financiero del acuerdo.

El contrato firmado entre la UNAM y Territorium Life el 23 de marzo de 2026 contemplaba la atención de entre 154 mil y 385 mil aspirantes, con un costo de 264 pesos por examen aplicado.

Hasta el momento señalado por la Universidad, se habían pagado 69.18 millones de pesos:

  • 41.9 millones de pesos por 158 mil 558 exámenes de licenciatura.
  • 27.28 millones de pesos por 103 mil 221 evaluaciones de bachillerato.

La Universidad aseguró que esos recursos provienen de ingresos extraordinarios y que la aplicación del examen de control no implicará un pago adicional para los aspirantes convocados.

La ruptura contractual y las auditorías buscan establecer si el proceso de contratación y la operación de la plataforma se ajustaron a la normatividad universitaria.

¿Qué puede pasar con los amparos?

El futuro de los recursos judiciales dependerá de las decisiones que adopten los juzgados.

En principio, un aspirante que presenta un amparo debe acreditar que existe un acto de autoridad que afecta sus derechos y cumplir con los requisitos procesales correspondientes. La admisión de una demanda tampoco significa que el estudiante haya ganado el juicio.

Para que un recurso pueda modificar de manera inmediata el calendario del examen sería necesario que un juez concediera una suspensión con efectos aplicables al caso concreto.

Además, el tiempo juega en contra de quienes buscan detener la evaluación: el examen presencial comienza el 12 de agosto, mientras que los procedimientos judiciales pueden requerir distintas etapas antes de llegar a una resolución definitiva.

Por ello, el escenario más probable en el corto plazo es que el Examen de Control Presencial continúe conforme al calendario anunciado, salvo que alguna autoridad judicial determine lo contrario.

La disputa no termina con el segundo examen

El conflicto entre los aspirantes y la UNAM va más allá de repetir una prueba.

Mientras la Universidad sostiene que necesita verificar los resultados para garantizar la equidad del proceso, los estudiantes que aseguran haber obtenido su lugar legítimamente cuestionan que deban asumir las consecuencias de las fallas detectadas en un examen que ellos no diseñaron ni administraron.

A la par, las auditorías sobre Territorium Life, la revisión interna de la Universidad y la intervención solicitada a la ASF deberán aportar elementos para determinar cómo se produjeron las irregularidades y si existieron fallas de supervisión.

Con el examen presencial a días de comenzar, la disputa ahora se libra en dos frentes: en las aulas donde miles de jóvenes volverán a responder una evaluación y en los tribunales donde algunos de ellos buscan defender su derecho a conservar el resultado que originalmente obtuvieron.

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