Por Juan Pablo Ojeda

 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el proceso penal en contra del empresario Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), continúa formalmente abierto ante los tribunales federales debido al incumplimiento de las condiciones financieras estipuladas en el acuerdo de reparación del daño patrimonial por el caso Agronitrogenados.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que el procedimiento judicial sigue vigente debido a que el imputado dejó de emitir los pagos diferidos acordados con Petróleos Mexicanos (Pemex) para resarcir las pérdidas económicas derivadas de la compraventa de la planta petroquímica.

El desglose técnico del caso establece que Ancira Elizondo obtuvo su libertad condicionada en el año 2021 tras comprometerse de manera legal a devolver un total de 216 millones de dólares al Estado mexicano. No obstante, al suspenderse el flujo de los depósitos programados, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a la reactivación del juicio penal.

Los antecedentes de la investigación ministerial arrojan que la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex constituye uno de los quebrantos financieros al erario público más representativos de la administración federal anterior, derivado del estado de obsolescencia de los activos transferidos.

La infraestructura petroquímica, que operaba bajo el control de AHMSA previo a su nacionalización, fue comprada por Pemex por un monto superior a los 200 millones de dólares. Auditorías técnicas posteriores determinaron que las instalaciones se encontraban en condición de abandono e inutilidad operativa, con un valor de mercado significativamente inferior.

A partir de este dictamen financiero, la FGR inició las carpetas de investigación correspondientes que derivaron en las órdenes de aprehensión y posteriores procesos penales en contra de Alonso Ancira y del exdirector general de la empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya Austin.

Las agencias del Ministerio Público Federal mantienen el desarrollo de las indagatorias para determinar el estado de ejecución de las garantías y definir la situación jurídica definitiva de Ancira Elizondo, quien de acuerdo con los últimos registros de las autoridades de inteligencia ha sido ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos.

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