Claudia Sheinbaum cuestiona inmunidad de delincuentes y factureros en Estados Unidos

Por Juan Pablo Ojeda

«¿Por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 solicitados por México?», cuestionó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al término de la presentación del informe sobre extradiciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La mandataria enumeró de forma pormenorizada las identidades procesales de los reclamados por la justicia federal, señalando que los expedientes congelados en la Unión Americana involucran a presuntos líderes del narcotráfico, exgobernadores indiciados por peculado y prófugos clave del caso Ayotzinapa.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, precisó ante los representantes de los medios de comunicación que la conducta de México en el diferendo por la orden de captura de Rubén Rocha Moya se mantiene dentro de los márgenes institucionales ordinarios. Velasco enfatizó que la solicitud de aclaraciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos no representa un acto de confrontación diplomática, sino la aplicación del mismo estándar técnico que Washington utiliza de forma sistemática.

La Consejería Jurídica de la Presidencia confirmó que coordinará con la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, la actualización de los expedientes de los 233 ciudadanos mexicanos y extranjeros cuya entrega permanece retenida por los jueces de control norteamericanos. El objetivo de la revisión interna es subsanar cualquier posible deficiencia técnica para eliminar los argumentos dilatorios empleados por la defensa de los requeridos en las cortes internacionales.

En el plano de las reacciones dentro del aparato de justicia estadounidense, los voceros del Departamento de Estado han mantenido hermetismo respecto a las declaraciones de la mandataria mexicana, argumentando que los procesos de extradición se desahogan bajo estrictas reglas de reserva judicial. Sin embargo, fuentes de la cancillería mexicana indican que los canales de comunicación de la embajada en Washington permanecen abiertos para revisar los términos de la asistencia jurídica mutua.

La discusión pública del informe de la SRE generó pronunciamientos por parte de organizaciones civiles de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes demandaron transparencia total en los casos de militares y exfuncionarios vinculados al caso Iguala que residen en Estados Unidos. Los representantes de las víctimas señalaron que la falta de reciprocidad de Washington opera como un obstáculo directo para el esclarecimiento de los crímenes de Estado en México.

El sector empresarial formal, consultado sobre el impacto de la impunidad en los delitos fiscales y de defraudación mediante facturación apócrifa, coincidió en la necesidad de agilizar los mecanismos de recuperación de activos desviados al extranjero. Los especialistas en derecho corporativo señalan que la parálisis de las 36 solicitudes denegadas definitivamente por Estados Unidos representa una pérdida patrimonial significativa para la hacienda pública mexicana.

La jornada concluyó con la ratificación de las directrices presidenciales que obligan a la SRE a condicionar el avance de las solicitudes estadounidenses al cumplimiento de los criterios de equidad procesal. El gobierno mexicano mantendrá el monitoreo permanente de las 183 causas penales abiertas en las cortes de distrito de la Unión Americana, utilizando la plataforma de la conferencia matutina para actualizar el estatus de las demandas de extradición insatisfechas.