Por Juan Pablo Ojeda

 

Un grupo multidisciplinario de científicos, ingenieros y especialistas en medio ambiente presentó un paquete integral de 10 recomendaciones técnicas para regular y restringir la fracturación hidráulica en México, con especial énfasis en la prohibición de la explotación en la Cuenca Tampico-Misantla. El documento busca establecer un marco normativo estricto ante el avance de proyectos de extracción no convencional en diversas regiones del país.

La propuesta central exige suspender de manera definitiva las actividades de exploración y extracción mediante fracking en los yacimientos no convencionales del Golfo de México. De acuerdo con los datos presentados por el panel, la Cuenca Tampico-Misantla concentra una vulnerabilidad hídrica crítica, donde la inyección de millones de litros de agua por pozo pondría en riesgo los acuíferos locales.

Entre los 10 puntos técnicos expuestos, destaca la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas y agrarias asentadas en las zonas de influencia directa. Las métricas del estudio indican que más de 120 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí presentan un estrés hídrico severo que se agravaría con la fracturación masiva de lutitas.

El informe cuantitativo destaca que el proceso de perforación y estimulación de un solo pozo no convencional requiere un volumen promedio de entre 10 y 30 millones de litros de agua dulce. Además, la mezcla química utilizada contiene hasta 750 sustancias potencialmente nocivas, de las cuales un 30% no cuenta con un registro público de toxicidad detallado en la regulación mexicana actual.

Respecto al control de emisiones, el documento propone la instalación mandatory de sensores de monitoreo continuo para medir las fugas de gas metano y compuestos orgánicos volátiles en un radio de 5 kilómetros alrededor de las plataformas. Las estimaciones de los expertos indican que las emisiones fugitivas en campos de fracking pueden superar el 3.5% de la producción total de gas.

El grupo de expertos entregó la propuesta de directrices a las autoridades ambientales federales y a los órganos legislativos encargados de la política energética del país. El expediente técnico solicita la incorporación inmediata de estos criterios dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

El reporte concluye con un desglose de los costos económicos derivados de la remediación ambiental en zonas sobreexplotadas, los cuales superan los rendimientos financieros esperados por la venta del hidrocarburo. Las comisiones evaluadoras revisarán el documento para determinar su viabilidad dentro de la agenda regulatoria nacional.

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