FGR detiene a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero por el caso Ayotzinapa

Por Juan Pablo Ojeda

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos en el marco de las investigaciones del caso Ayotzinapa. La detención se concretó durante un operativo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la Ciudad de México.

El mandamiento judicial, librado por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México, contempla la imputación de omisiones graves en la cadena de mando durante los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala. Las investigaciones ministeriales señalan la falta de activación de los protocolos de protección a la población civil por parte del ejecutivo estatal.

Según los registros asentados en la causa penal, la FGR vincula a Aguirre Rivero con las reuniones de mandos federales y estatales donde se habría articulado la versión denominada «Verdad Histórica». El expediente integra el testimonio de al menos tres colaboradores cercanos y minutas de trabajo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para sustentar los cargos presentados.

Tras su captura, el exmandatario fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para la certificación médica correspondiente y la integración de la ficha de ingreso. Posteriormente, se ordenó su remisión al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, donde quedará a disposición del juez de la causa.

El historial del proceso registra que Ángel Aguirre solicitó licencia al cargo de gobernador en octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Durante los 12 años posteriores a los sucesos, el exfuncionario rindió múltiples declaraciones en calidad de testigo antes de que la autoridad federal determinara su actualización a la calidad de imputado.

Las estadísticas del caso Ayotzinapa contabilizan más de 120 personas procesadas entre mandos militares, elementos policiales municipales, autoridades civiles y presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. La detención de Aguirre Rivero representa la aprehensión del funcionario de mayor rango jerárquico del gobierno de Guerrero imputado en el expediente.

El órgano jurisdiccional dispone de un plazo constitucional de 72 horas, ampliable a 144 a solicitud de la defensa, para resolver la situación jurídica del exgobernador y determinar si se dicta el auto de vinculación a proceso. Las autoridades federales mantendrán los esquemas de resguardo perimetral en el centro penitenciario mientras se desahoga la audiencia inicial.