Trabajadoras sexuales y población LGBT siguen enfrentando barreras en acceso a la salud

El acceso a la salud sigue siendo un desafío para trabajadoras sexuales y personas LGBTTTIQ+ en América Latina. Según un informe presentado en la jornada Días Científicos de Médicos Sin Fronteras, el 45% de las trabajadoras sexuales ha sido discriminada al buscar atención médica, mientras que un 33% asegura que el personal de salud las criticó por ejercer su trabajo y otro 33% recibió recomendaciones directas para dejarlo.

El estudio, realizado en Argentina, Paraguay, Chile, México y Perú, entrevistó a 885 trabajadoras sexuales, revelando que la discriminación más común se relaciona con la maternidad: al 41% de las encuestadas se les sugirió cambiar de trabajo “por el bien de sus hijos”. Además, la falta de confidencialidad en los servicios médicos y los juicios de valor del personal sanitario siguen siendo barreras que impiden un acceso digno a la salud.

Esquivel, representante de RedTraSex, explica que esta situación genera desconfianza y que muchas veces las personas llegan a los servicios de salud cuando ya es demasiado tarde. “La victimización es constante; se nos cuestiona como si nuestra vida personal no tuviera relevancia”, señaló. La Red, que cumple 28 años, trabaja para empoderar a las trabajadoras sexuales y asegurar que sean ellas mismas quienes lideren la defensa de sus derechos.

El informe también destaca que las poblaciones LGBTTTIQ+ enfrentan desventajas similares, especialmente en la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual. Los especialistas enfatizan la necesidad de involucrar a las comunidades en los servicios de salud, mejorar la formación del personal y garantizar la presencia de organizaciones sociales durante las consultas, siempre con el consentimiento de las personas beneficiarias.

Además, la inversión en salud para estas poblaciones sigue siendo insuficiente: entre 2019 y 2025 se estimaba que se requerían 20 mil millones de dólares para reducir la transmisión del VIH, pero solo se invirtieron 5 mil millones, dejando una brecha de 15 mil millones que refleja la deuda pendiente en políticas públicas y recursos para garantizar el acceso equitativo a la salud.

El informe concluye que, para cerrar estas brechas, es urgente diseñar políticas públicas inclusivas, capacitaciones para el personal médico y una mayor inversión en salud, reconociendo que trabajadoras sexuales y personas LGBTTTIQ+ son sujetos plenos de derechos y no solo objetos de estudio o control social.