Por Juan Pablo Ojeda

 

Autoridades federales y estatales aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en San José de Iturbide, Guanajuato.

La intervención se llevó a cabo en la comunidad de La Fragua, dentro de un parque industrial, como parte de una investigación relacionada con posibles delitos de almacenamiento, distribución y otras operaciones con hidrocarburos.

El cateo fue autorizado por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutado por el Ministerio Público Federal, con apoyo de personal pericial especializado y autoridades estatales.

Durante la inspección fueron localizados diez tanques de almacenamiento que contenían presunto combustible, además de tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados.

El producto asegurado presenta características de diésel, gasolina regular y gasolina premium, aunque las autoridades señalaron que la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del hidrocarburo serán determinadas mediante los dictámenes correspondientes.

Debido al volumen localizado, las labores de medición, identificación y manejo del combustible continuarán bajo supervisión especializada para reducir riesgos de derrames, incendios y otras afectaciones a la población y al medio ambiente.

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades estatales señalaron que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas con instituciones federales para combatir los delitos relacionados con hidrocarburos y afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, indicó que el operativo se realizó mediante una orden judicial y que las investigaciones continuarán conforme a derecho. El aseguramiento, por sí mismo, no determina responsabilidades.

 

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