Harfuch negocia con transportistas y Gobernación queda en segundo plano

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asumió el control de las negociaciones con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) para evitar el bloqueo nacional de carreteras programado para el 24 de junio de 2026. Omar García Harfuch, titular de la dependencia, encabezó las reuniones directas con los líderes del gremio, mientras la Secretaría de Gobernación, encargada tradicionalmente de este tipo de diálogos, participó en un rol secundario. La dinámica colocó a Seguridad en el centro de una mesa que, por costumbre institucional, le correspondía a Segob.

El gremio transportista había anunciado movilizaciones en las 32 entidades del país para denunciar lo que describen como la peor etapa de violencia y delincuencia en carreteras federales. Entre sus demandas figuran el reforzamiento de la seguridad para combatir robos y extorsiones, la reducción de costos operativos, la agilización de trámites administrativos y el fin de abusos por parte de grúas y retenes. La amenaza de paro se dio en medio del Mundial de Fútbol 2026, con partidos programados en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, lo que elevó la presión sobre el gobierno federal para resolver el conflicto sin cierres totales.

Tras las pláticas, el gobierno anunció que los transportistas desistieron de los bloqueos carreteros y que únicamente realizarían movilizaciones y concentraciones. La Secretaría de Gobernación informó que se suscribió una minuta de trabajo y una ruta de atención a los planteamientos del sector. La dependencia destacó que durante la presente administración se han celebrado más de 300 reuniones con los transportistas para dar seguimiento a sus peticiones. Sin embargo, fueron las fotografías de Harfuch junto a los dirigentes de AMOTAC las que circularon en redes sociales como prueba de quién llevaba la batuta del diálogo.

Pese al acuerdo anunciado, la circulación en autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales registró afectaciones parciales durante la jornada. Hubo presencia de manifestantes en la México-Querétaro, la Nuevo Teapa-Cosoleacaque, la Puebla-Acatzingo y la Cuernavaca-Acapulco, con reducción de carriles, circulación intermitente y cierres temporales que obligaron a desviar el tráfico hacia rutas alternas. En Tlalnepantla también se reportaron complicaciones para el tránsito. Es decir, el paro nacional total no se concretó, pero el país amaneció con el pie derecho pisando el freno en varias zonas.

Los dirigentes de AMOTAC, encabezados por Rafael Ortiz Pacheco, dejaron claro que los acuerdos alcanzados con Gobernación aún deben formalizarse mediante una minuta definitiva y que esperan un pronunciamiento público directo de Omar García Harfuch sobre la crisis de inseguridad en las carreteras. Hasta el cierre de esta edición, el titular de Seguridad no había emitido declaraciones públicas al respecto. El gremio mantiene la postura de que la seguridad en las vías federales no es un tema de trámites, sino de operativos concretos y presencia institucional.

El episodio con los transportistas no es el primero en el que Harfuch se mete a terrenos que antes eran territorio casi exclusivo de Gobernación. Semanas antes, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de las negociaciones con los maestros de la CNTE para levantar los bloqueos en carreteras de Oaxaca y Chiapas. En ese entonces, Segob recuperó su rol clásico de árbitro político. Con los transportistas, sin embargo, la pelota rebotó hacia Seguridad y la secretaria Rodríguez quedó en la banca, aunque su dependencia firmara los documentos oficiales.

La situación prende focos amarillos sobre el funcionamiento del gabinete federal. En la práctica, Gobernación sigue siendo la que protocoliza los acuerdos, pero quien está al frente del diálogo de alto nivel es el secretario de Seguridad. Esto modifica la lógica tradicional de la administración pública mexicana, donde Segob concentraba la negociación política con actores sociales, sindicatos y organizaciones. Ahora la cosa está dividida: Segob pone la firma, pero Seguridad pone la cara y la voz.

Analistas políticos consultados señalan que este desplazamiento responde a una estrategia de contención que utiliza el aparato de seguridad como herramienta de gobernabilidad. Harfuch, con trayectoria en inteligencia policial y experiencia como jefe de la policía capitalina, cuenta con perfil operativo para negociar bajo presión. Los transportistas, por su parte, parecen haberle apostado a esa cercanía con el poder ejecutivo real, más allá de la formalidad institucional. En el fondo, el gremio busca resultados en el terreno, no solo papelitos sellados.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una coyuntura compleja. El país está en plena celebración mundialista, con miles de visitantes internacionales circulando por carreteras que los transportistas describen como territorio de asaltos y extorsiones.

La necesidad de mostrar control y estabilidad pudo haber orillado a Palacio Nacional a mandar a Harfuch como enviado directo, dejando a Segob en la labor de respaldo administrativo. Lo cierto es que la negociación se cerró, aunque con costuras visibles.

Resta por ver si este modelo se consolida o si fue una medida puntual por la emergencia. Los actores inconformes ya están en la mesa: organizaciones sociales que han intentado dialogar con Rosa Icela Rodríguez denuncian la falta de respuesta de Segob, como ocurrió recientemente con colectivos trans que tomaron oficinas de la dependencia para exigir audiencia. Si Seguridad sigue comiéndose el mandado de Gobernación, la pregunta que ronda en los pasillos de Bucareli es si estamos ante un nuevo mapa de poder donde la policía también pone la agenda política.