¿Coordinadores o candidatos? Morena y los adelantos de 2027

Por Bruno Cortés

Morena terminó de designar a sus coordinadores estatales en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027: los diez primeros nombres se anunciaron a lo largo de septiembre y los últimos siete, el lunes 28 de septiembre de 2026, según la información difundida por el propio partido y recogida por diversos medios nacionales. Formalmente no son candidatos; en los hechos, la oposición los señala como candidaturas adelantadas. Este análisis revisa qué permite la ley, qué han dicho el Tribunal Electoral y el INE, y qué riesgos de sanción existen antes de que arranquen las precampañas el 4 de enero de 2027.

El nombre oficial de la figura es largo y cuidadosamente neutro: coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. No dice «candidato», no dice «gobernador» y no pide el voto. Esa es precisamente la clave jurídica del modelo y, al mismo tiempo, el centro de la polémica.

Qué son y quiénes son

Las coordinaciones son cargos internos de Morena para organizar su trabajo político y territorial en cada estado. Fueron definidas mediante encuestas internas y, en varias entidades, en acuerdo con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Que una persona sea coordinadora no equivale al registro de una candidatura: las postulaciones formales tendrán que pasar después por los procesos internos de cada partido y por los plazos que fije la autoridad electoral. La lista quedó así, de acuerdo con lo anunciado por Morena y publicado por medios como El Heraldo de México, El Cronista y Cadena Política:

Dos datos ayudan a leer la tabla. Primero, el modelo incluye perfiles de los aliados: en Nayarit la coordinación quedó para una figura vinculada al PVEM y en Baja California Sur para un diputado federal con licencia de ese partido. Segundo, hubo disputas internas reales; en Chihuahua, por ejemplo, Cruz Pérez Cuéllar se impuso a la senadora con licencia Andrea Chávez. Es decir, la decisión de quién encabeza ya se tomó, aunque el calendario legal todavía no haya abierto la etapa de precampañas. El panorama completo de cada entidad puede consultarse en nuestra cobertura de las 17 gubernaturas en disputa en 2027.

Qué dice el TEPJF sobre los actos anticipados

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos anticipados de campaña como expresiones fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o solicitudes de apoyo para contender. Sobre esa base, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha construido una línea de criterios que exige tres elementos para sancionar: uno personal (que el acto sea de un partido, aspirante o persona identificable), uno temporal (que ocurra antes del periodo permitido) y uno subjetivo (que haya un llamado al voto).

El elemento subjetivo es el que suele decidir los casos. La jurisprudencia 34/2024 del TEPJF establece que la sola manifestación de la intención de aspirar a un cargo no configura un acto anticipado de precampaña o campaña; para sancionar se requiere una solicitud de voto explícita o inequívoca, o bien una «equivalencia funcional» debidamente motivada. Además, el mensaje debe haber trascendido al conocimiento de la ciudadanía. En otras palabras: decir «quiero ser gobernadora» no basta; pedir el voto, aunque sea con otras palabras, sí puede bastar.

Para los coordinadores, la consecuencia es clara. Su nombramiento, por sí mismo, difícilmente encaja en la definición legal. El riesgo está en lo que hagan a partir de ahora: mítines, propaganda, bardas, espectaculares o publicaciones pagadas que, por su contenido, funcionen como un llamado al voto anticipado.

Precedente de 2023: la coordinación nacional

El modelo no es nuevo. En 2023 Morena eligió a una «coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación» que, en la práctica, definió su candidatura presidencial para 2024. La oposición hizo lo propio con el proceso del Frente Amplio por México. Entonces, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el juicio SUP-JDC-255/2023 y su acumulado, vinculó al Consejo General del INE a emitir lineamientos para regular y fiscalizar esos procesos partidistas. El INE los aprobó y el Tribunal los confirmó en agosto de 2023, incluida la decisión de no exigir la separación del cargo a servidores públicos inscritos, por falta de base legal.

La diferencia con 2026 es institucional. Hace tres años hubo reglas específicas para las llamadas «pre-precampañas»; hoy no las hay. De acuerdo con la cobertura de El Economista del 9 de octubre de 2026, la mayoría del Consejo General del INE rechazó por tercera ocasión un proyecto de lineamientos impulsado por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz para fiscalizar estos procesos adelantados. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, argumentó que la propuesta no se trabajó con todas las consejerías y sostuvo que la revisión técnica del tema sigue abierta.

Qué hace la oposición

Movimiento Ciudadano presentó el 17 de septiembre de 2026 una queja de 67 hojas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE contra las designaciones de Morena en diez estados, por considerar que podrían constituir actos anticipados de precampaña y campaña. La resolución de fondo corresponde a las autoridades, y aquí aparece un matiz que suele perderse en el debate: según el propio INE, cuando los hechos se relacionan con una elección local, la denuncia debe atenderla el instituto electoral del estado. El INE conserva, en cambio, la fiscalización de los recursos de los partidos y la vigilancia de radio y televisión.

Ese reparto de competencias tiene efectos prácticos. Las gubernaturas son elecciones locales; por tanto, muchas quejas por posibles adelantos terminarán en 17 institutos y tribunales estatales distintos, con criterios y tiempos que pueden variar. Para la oposición, eso diluye la vigilancia; para Morena, confirma que el sistema ya tiene vías para sancionar si hay abusos, sin necesidad de reglas nuevas. En la capital, el mismo debate se trasladará a las 16 alcaldías que definirán el mapa político de la CDMX.

Escenarios de cara a enero de 2027

Con base en el calendario aprobado por el INE en septiembre de 2026, las precampañas federales correrán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, y la jornada electoral será el 6 de junio de 2027. Entre hoy y esa fecha se abren al menos tres escenarios:

• Contención: los coordinadores limitan su actividad a tareas partidistas, sin propaganda dirigida a la ciudadanía. Las quejas se desestiman por falta del elemento subjetivo, como suele ocurrir con la jurisprudencia vigente.
• Sanciones focalizadas: algunos institutos o tribunales locales encuentran propaganda con «equivalentes funcionales» de llamados al voto y ordenan retirar materiales o imponen multas, sin afectar las postulaciones.
• Litigio de fondo: la oposición lleva los casos hasta la Sala Superior para fijar un criterio sobre si un nombramiento anticipado y reiterado genera, por acumulación, una ventaja indebida. Es el escenario menos probable en el corto plazo, pero el de mayor impacto.

Hay, además, una variable política. Morena no es el único partido que adelanta definiciones; los consejeros que pidieron lineamientos hablaron de procesos anticipados en «la mayoría» de los partidos nacionales. Si todos juegan con las mismas reglas laxas, el costo reputacional se reparte; si solo uno arrastra la etiqueta de «campaña anticipada», el tema puede convertirse en argumento de campaña. La tensión con los aliados también pesa: el PT advierte que 12 gubernaturas de la 4T dependen de su respaldo.

La lectura de fondo es menos jurídica que democrática. La ley mexicana separa tiempos precisos para precampañas y campañas para proteger la equidad y fiscalizar el dinero. Cuando las definiciones reales ocurren meses antes, en una zona que la ley no regula expresamente, el reto no es solo sancionar, sino saber cuánto se gasta y de dónde sale. Ese es el vacío que el INE decidió, por ahora, no llenar.

Preguntas frecuentes

¿Es legal nombrar coordinadores?

Sí, en principio. Los partidos tienen libertad de autoorganización y la figura de coordinación es un cargo interno. Con la jurisprudencia 34/2024 del TEPJF, manifestar aspiraciones o asumir un cargo partidista no configura por sí mismo un acto anticipado; lo sancionable es pedir el voto antes de tiempo, de forma explícita o equivalente.

¿Pueden ser sancionados?

Sí, si sus actividades incluyen llamados al voto o propaganda que funcione como tal antes de los plazos legales. Las sanciones van desde el retiro de propaganda hasta multas; en elecciones locales, las quejas las atienden los institutos electorales estatales, y el INE fiscaliza los recursos de los partidos.

¿Cuándo empiezan las precampañas de 2027?

Según el acuerdo del INE de septiembre de 2026, las precampañas del proceso electoral federal 2026-2027 van del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Los calendarios locales pueden variar por entidad.

¿Ser coordinador garantiza la candidatura?

No jurídicamente. La candidatura formal requiere el proceso interno del partido y el registro ante la autoridad electoral en los plazos legales. Políticamente, sin embargo, el nombramiento coloca a esas personas como las perfiladas para encabezar la boleta. Más contexto en la evaluación de las probabilidades electorales de Morena rumbo a 2027.