Reeducación de agresores: qué aprobó el Senado y qué cambia

Por Bruno Cortés

El Senado aprobó por unanimidad, en la sesión del martes 10 de noviembre de 2026, una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias que define los «servicios reeducativos integrales» y busca que las personas agresoras estén obligadas a participar en ellos como parte de su sentencia. El dictamen obtuvo 94 votos a favor en lo general y 86 en la votación de los artículos reservados, sin votos en contra ni abstenciones, y fue enviado a la Cámara de Diputados, según el registro de la sesión en el Sistema de Información Legislativa.

La pregunta de fondo que plantea la reforma la resumió en tribuna la senadora Virginia Magaña (PVEM): ¿qué pasa con la persona agresora? Esta guía explica qué son estos servicios, qué dice hoy la ley, qué cambiaría, quién tendría que ofrecerlos, qué dudas quedan y qué falta para que la reforma entre en vigor.

Qué son los servicios reeducativos

El dictamen los define como «procesos de aprendizaje dirigidos tanto a las víctimas, así como a las personas agresoras, de manera individual o colectiva», que buscan erradicar estereotipos de género y transformar los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y perpetúan la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, según el texto citado por El Economista y El Universal.

Esos servicios deberán ser integrales, especializados, gratuitos y basados en las perspectivas de género, de derechos humanos, de interseccionalidad y de interculturalidad. Su finalidad declarada es doble: contribuir a la reinserción social de las personas agresoras y fortalecer la participación de las víctimas en la vida pública, privada y social.

Durante la discusión en lo particular, la senadora Martha Lucía Micher (Morena), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, propuso cambiar el término «servicios reeducativos» por «servicios reeducativos integrales», con el argumento de que esa palabra obliga a incluir todos los elementos necesarios para modificar conductas y actitudes. El Pleno aceptó el cambio al artículo 5.

Qué dice hoy la ley

La idea no es nueva en la legislación mexicana. La ley vigente, con última reforma publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de 2026, ya menciona la reeducación en varios artículos, pero sin definirla:

• Artículo 8: los modelos de atención deben brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, para erradicar conductas violentas y los patrones machistas que las generaron.
• Artículo 9, fracción V: pide a los congresos federal y locales considerar que la sentencia incluya la condena a la persona agresora a participar en esos servicios, en casos de violencia familiar.
• Artículos 46 y 49: asignan a la Secretaría de Salud brindar servicios reeducativos a víctimas y agresores, y a las entidades federativas impulsar programas reeducativos para agresores.

En la práctica, eso dejaba un margen amplio: la ley hablaba de reeducación, pero no decía qué era ni la hacía obligatoria de manera uniforme.

Qué cambia con la reforma

Según explicó en tribuna el senador Francisco Chíguil (Morena), a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el dictamen tiene tres ejes:

Chíguil subrayó que la reeducación «no significa justificar» los actos del agresor, «disminuir su responsabilidad ni sustituir las sanciones que establece la ley». Es decir, se suma a la pena; no la reemplaza. La iniciativa original es de la senadora Alma Anahí González Hernández (Morena).

Quién ofrecería estos servicios

Micher señaló que los Centros LIBRE de la Secretaría de las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres y las fiscalías especializadas deberán ofrecer estos servicios de forma gratuita, según El Economista. La ley vigente ya prevé que la atención a la víctima y a la persona agresora no la brinde la misma persona ni en el mismo lugar (artículo 8, fracción III).

La reforma pone el peso en los estados, porque la mayoría de los delitos de violencia contra las mujeres, como la violencia familiar, se juzgan en tribunales locales. Otras figuras recientes de esa misma ley se explican en violencia vicaria: qué es y cómo se castiga y en violencia política de género: qué es y cómo se denuncia.

Las dudas: dinero y aplicación

Todas las bancadas votaron a favor, pero hubo advertencias. La senadora priista Carolina Viggiano dijo que las personas agresoras muchas veces también fueron víctimas, por lo que hay que atender el origen de la conducta, y pidió garantizar recursos presupuestarios para operar los centros y aplicar la reforma. Puso como ejemplo a Coahuila, que cuenta con cinco Centros de Justicia. No es la primera vez que plantea el tema del dinero, como se reseñó en su exigencia de más recursos contra la violencia de género.

En lo publicado sobre el dictamen no aparecen montos ni plazos específicos de implementación. Sin presupuesto y personal especializado en los estados, la obligación podría quedarse en el papel; ese será uno de los puntos a revisar en la Cámara de Diputados.

Qué sigue

El Senado actuó como cámara de origen. Ahora la minuta pasa a la Cámara de Diputados, como cámara revisora. Si la aprueba sin cambios, se envía al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial; si la modifica, regresa al Senado, conforme al artículo 72 de la Constitución. El recorrido de una iniciativa hasta convertirse en ley se explica en las etapas del proceso legislativo. El periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre de 2026.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los servicios reeducativos integrales?

Procesos de aprendizaje, individuales o colectivos, para víctimas y personas agresoras, que buscan erradicar estereotipos de género y relaciones desiguales de poder. Deben ser gratuitos, especializados y con perspectiva de género.

¿La reeducación sustituye la cárcel o la pena?

No. Según el dictamen presentado en el Senado, se suma a las sanciones previstas en la ley y no disminuye la responsabilidad de la persona agresora.

¿Ya es obligatoria?

Todavía no. La reforma fue aprobada por el Senado el 10 de noviembre de 2026 y falta que la apruebe la Cámara de Diputados y se publique en el Diario Oficial.

¿Quién tendrá que ofrecer estos servicios?

Las instituciones de atención a mujeres, como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros LIBRE, y las entidades federativas, que deberán establecer programas especializados.